Al cumplirse hoy siete años de que fue asesinado en Culiacán el periodista Javier Valdez Cárdenas, la narrativa de ese hecho que agravió a la familia de la víctima y al gremio al que él pertenece debe trasmutar al acto de justicia con el procesamiento de Dámaso López Serrano a quien la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión acusa como presunto autor intelectual del homicidio.
El probable asesino es protegido por el gobierno de Estados Unidos al tenerlo como colaborador en las tareas de combate al Cártel de Sinaloa, sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, poco ha hecho para que López Serrano sea extraditado, enfrente el correspondiente proceso judicial y sean recuperadas algunas condiciones de base para que el trabajo de la prensa cuente con certidumbres y garantías.
Javier Valdez es más que un homenaje póstumo, un discurso en su memoria, o la rotonda instalada para honrarlo; es el grito de justicia vigente desde el 15 de mayo de 2017, el día que le quitaron la vida, que a su vez continúa en el territorio nacional como último reducto del periodismo atacado desde las madrigueras del crimen organizado y desde los pódiums políticos, igual de intolerantes y violentos.
Urge revisar la mentalidad insensible que rige en autoridades, fiscalías y jueces al tratarse de ataques a la integridad de periodistas y medios de comunicación, ya que las realidades establecen que no está en el esquema de prioridades del Estado mexicano la utilización de todos los instrumentos y esfuerzos para hacer justicia. La sociedad necesita vivos a los reporteros y actuantes a las tribunas de prensa, para que sean contrapeso mediante la denuncia ante la pérdida de los equilibrios constitucionales entre poderes.
Solamente la estricta aplicación de la ley hará que comience a sanar la herida que dejó en sus seres queridos y a la libertad de expresión el periodista que expuso fuera y dentro de México la situación de alto riesgo en que se ejerce el oficio de informar, siendo el ataque letal contra Javier Valdez la mayor evidencia de poderes de facto que se sitúan encima de las instituciones y autoridades legítimas que a la hora de castigar a la delincuencia se reducen a cómplices debido a desidias y protecciones que benefician a los agresores.
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.