Al no existir el pleno esclarecimiento de crímenes cometidos contra periodistas en Sinaloa, la delincuencia en sus distintas manifestaciones detecta el bucle de impunidad y asume a trabajadores y medios de la comunicación como sector desprotegido y por lo tanto vulnerable, enderezando ataques contra la prensa que van desde la denostación, el uso de recursos públicos para castigar la crítica, y hasta la agresión letal que lleva al extremo la afectación a la libertad de expresión.
Al cumplirse el 5 de mayo dos años de que fue asesinado en Culiacán el periodista Luis Enrique Ramírez, fundador del portal Fuentes Fidedignas y columnista del diario El Debate, renace la sensación de desamparo en comunicadores y tribunas, debido a que las fiscalías nacional y estatal les invierten poco empeño a las carpetas de investigación integradas por agresiones al sector que es fundamental para que la ciudadanía bien informada adopte decisiones fundadas en la realidad.
Desde diciembre de 2023 la Fiscalía General de Sinaloa dio a conocer la detención del presunto autor material del asesinato de Ramírez y a partir de entonces las indagatorias y procesos judiciales se mantienen en secrecía, sin conocerse avances, estancamiento que sustenta el temor a que el caso termine igual que los de otros comunicadores ultimados: archivados, con las familias sin el bálsamo de la justicia y los delincuentes con el aliciente de la impunidad.
Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017; Humberto Millán, el 24 de agosto de 2011; Óscar Rivera, el 5 de septiembre de 2007, y Gregorio Rodríguez, el 28 de noviembre de 2004, son algunos de los periodistas que han teñido de sangre el oficio periodístico en Sinaloa y cuyas muertes sin justicia marcan el rastro de ministerios públicos y jueces que a través de la inacción contribuyen a que el derecho a la información y la libertad de expresión sean cada vez más letras borradas en la Constitución.
El crimen organizado, la delincuencia política e instituciones públicas que reprimen el ejercicio de la crítica mediante recursos públicos invertidos en publicidad, se alzan como amenazas latentes sobre la profesión periodística y medios, en contraste de leyes y gobiernos que manejan como última prioridad el esclarecimiento y sanción a atacantes de comunicadores. Y la gran perdedora es la sociedad sinaloense como afectada directa de un periodismo que se ejerce a medias, en zozobra y sin garantías de protección.
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