Culiacán, Sin.- La Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda y Reservas Territoriales impulsó en el Congreso del Estado para reformar la Ley Estatal de Vivienda con el fin de garantizar el derecho humano a la vivienda.

Este proyecto fue promovido por activistas como Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, Enrique Díaz “Terán, Leonel Aguirre Meza, Oscar Loza Ochoa, entre otros firmantes.

“La pobreza tiene muchas aristas y para ser considerada. Pero hay un referente  que ancla todos los puntos de vista sobre el tema y obliga no sólo a emitir juicios, sino a proponer soluciones: la ausencia de vivienda para la población más pobre y sin posibilidades de ser incluida en el estrato social de los que son sujetos de un crédito hipotecario”, se lee en la exposición de motivos.

En el documento se justifica que en Sinaloa existe un déficit de 432 mil viviendas. A ello hay que agregar que en la entidad, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, del total de viviendas (849 mil 691), 763 mil 483 no tienen rezago, tienen las condiciones para ser habitables en los términos del artículo 4 Constitucional, pero 86 mil 208 (el 10.1) presentan un claro rezago.

Es en ese porcentaje de viviendas donde sobreviven familias en condiciones que afectan la dignidad humana y no ofrecen las condiciones que requiere una familia mexicana para su desarrollo y garantizar que niños y jóvenes dispongan de espacios con la calidad mínima para su crecimiento en todos los órdenes.

Se lee que sin ser Sinaloa la entidad con más rezago en viviendas y en déficit habitacional, la preocupación por aliviar la situación en materia de vivienda popular debe ser un asunto de primer orden, ya que al no acercarse al tema, se ve que más allá de la voluntad de que manifiestan autoridades estatales y municipales para atender la emergencia, el panorama es más complicado de despejar.

Lo anterior, se acusa en la iniciativa, porque el gobierno presente no ha retomado del todo la rectoría sobre la vivienda económica y social.

“En materia habitacional es muy manifiesto. El mercado sigue imponiendo sus reales en el crecimiento de las ciudades, el precio de los terrenos y las oficinas del IMPLAN terminan siendo gestoras de intereses privados”, se señala.

 

La Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda lamenta que el Estado de estos días debe plantearse un ajuste de cuentas con el pasado mutilado, referencia a instituciones nobles como el Infonavit, el Fovissste, el Corett y el CVIVE.

Recordaron que dichas instituciones fueron concebidas para atender la emergencia de los setenta con gestión desde el Estado; sin embargo, con los años los banqueros, las financieras especializadas, los fraccionadores privados y los despachos jurídicos que medran a su alrededor, tomaron por asalto a esas dependencias y las transformaron en espacios para hacer negocios.

“¿De qué tamaño es la población que no tiene vivienda en Sinaloa? El Censo de Población de 2020 no nos arroja en detalle todos los datos que requerimos para dimensionar a las familias sin casa. Ese esfuerzo nacional para conocernos objetivamente nos arroja un déficit de 432 mil viviendas, también nos indica que poco más de 30 por ciento de los que viven bajo un techo, pagan renta”, indican.

 

Al respecto, informaron que al menos 255 mil familias en Sinaloa deben pagar renta para tener techo, sin contar que en no pocos casos se comparte la misma vivienda entre dos o más familias para que alcancen los gastos.

“Y hay que considerar las invasiones que sobreviven a lo largo y ancho de la entidad en las que decenas de miles de familias ocurren al expediente de tomar terrenos en las periferias de las ciudades o a su interior, buscando el reconocimiento de su estatus por la autoridad municipal y una posible negociación para obtener un lote para construir una casita”, continuaron.

Por tal motivo, proponen que la Política Estatal de Vivienda deberá considerar lineamientos como promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

También, incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores públicos, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades; así como promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda.

Lo mismos fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios recomendados de los espacios habitables y auxiliares; establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales y propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano, entre otros aspectos.

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