Culiacán, Sin.- La crisis del campo, las carencias de los jornaleros, el problema de la vivienda, las desapariciones y la violencia contra mujeres son el foco de atención de activistas que integran la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS).

El organismo, fundado por activistas como Jesús Michel Jacobo, Norma Corona, Jorge Aguirre Meza, Óscar Loza Ochoa, entre otros, cumplió 16 años y en un breve informe ha aglutinado una serie de preocupaciones sobre situaciones que aquejan al Estado.

Óscar Loza Ochoa, enlace de la Comisión, rindió el informe, citando parte de las problemáticas con datos que dan fe de esas preocupaciones.

Comenzó con el campo sinaloense, señalando que se tiene una caída del 9.2 por ciento de la cosecha de maíz a nivel nacional, debido a la sequía extrema que azota el país de manera recurrente desde 2022. El problema, sin embargo, es mayor: hay una insuficiencia de maíz que no se ha podido arreglar.

“Lograríamos tener una robusta agricultura y evitar la salida de más de 5 mil 742 millones de dólares. Las políticas públicas deben reorientar el rumbo para garantizar la autosuficiencia, pues no lograrlo nos cuesta ahora más de 85 mil millones de pesos”, dijo Loza Ochoa.

 

El problema del campo es amplio, prosiguió, de este dependen más de 200 mil jornaleros y jornaleras agrícolas, quienes año con año migran a Sinaloa para tratar de tener un mejor panorama familiar.

La realidad, dijo Loza Ochoa, les ha llevado a ser víctimas de un sistema económico de riesgos.

“Desde hace dos temporadas agrícolas los demonios que configuran la miseria y las tragedias de los trabajadores migrantes se nos han colado por los intersticios de las cuarterías de obreros y las guarderías infantiles para cobrar cuotas de vida y salud entre los jornaleros y sus hijos. Esta CDDHS ha visitado dos, tres, muchas veces Juan José Ríos, Ruiz Cortines y el Valle de Culiacán para atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que surgen en dichos lugares”, señaló Loza Ochoa.

“Ello nos ha llevado a solicitar, una y otra vez, información sobre la atención que les merecen los lugares citados. Lo hemos hecho ante la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad, la SEPyC y la Dirección del Trabajo. También hemos emitido sendas recomendaciones a dichas instituciones. De todas las instancias hubo respuestas, menos de la Dirección del Trabajo, que es la oficina pública más cercana a los centros de trabajo y la más ajena a los jornaleros agrícolas. Su titular, Asunción Zepeda, ha dicho que la Ley no lo obliga a darnos contestación”.

Durante el último año, la CDDHS se convirtió en acompañante de jornaleros agrícolas, así como de otros movimientos con los que ha fraguado una amplia relación, como el de las madres con hijos desaparecidos. Parte de la historia de fundación se debe al tratamiento de esos casos desde este organismo.

En esta ocasión, la Comisión reprochó el censo realizado por el gobierno federal, replicado en estados como Sinaloa, el cual ha buscado reducir la cifra de casos de personas desaparecidas en todo el País.

“Para hablar de la gravedad del fenómeno, de la emergencia que significa y de los medios legales y administrativos para remediarlo, lo mismo significan los 92 mil que esgrimía la presidencia, que los 113 mil de los que hablaban los familiares. Lo que sí está muy claro es que un problema de ese tamaño exige una clara voluntad del Estado mexicano para enfrentar el problema: deteniendo la práctica de la desaparición forzada y procurando sin regateos la justicia plena”, señaló el activista.

 

Además, prosiguió, hay otros problemas que se han ido presentando de manera grave, como la violencia contra mujeres. Loza Ochoza citó los datos de la Fiscalía General del Estado durante 2023: 38 feminicidios, 96 homicidios culposos, 320 violaciones sexuales, más el daño emocional que sufren y han sufrido miles de mujeres en Sinaloa que no han denunciado por temor y el conocimiento de alto nivel de impunidad.

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