¿Cuántos accidentes carreteros y cuántas víctimas necesita el Gobierno de Sinaloa para obligar a los concesionarios de autopistas, empresas del transporte de pasajeros y a la División Caminos de la Guardia Nacional a que garanticen medidas de seguridad a los usuarios de las carreteras? Es la misma pregunta que hemos planteado cada vez que suceden percances que ponen en peligro la vida de viajeros, detonando en ocasiones tragedias masivas.

El nuevo accidente registrado hoy en la maxipista Culiacán Mazatlán, en el municipio de San Ignacio, tipo choque por alcance que precipitó a un autobús de pasajeros a una cuneta de la vía de paga, y que derivó en una persona muerta y varias lesionadas, parece ser uno de esos recordatorios indeseables para autoridades que sólo se activan cuando ocurren estos sucesos y luego se cruzan de brazos en sus oficinas que tienen que ver con el transporte de personas y mercancías.

 

Afortunadamente los daños son más en lo económico que en afectaciones a vidas humanas, pero aún así contienen la reiteración del llamado a que las instituciones y quienes las dirigen dejen de velar por los intereses de aquellos que por negligencias propician condiciones para que ocurran los accidentes, cuando lo preponderante es proteger a las personas y familias que en sus traslados no esperan encontrarse con episodios de infortunio.

¿Qué hace la Guardia Nacional ante la evidencia de que el exceso de velocidad causa percances como el sucedido el 30 de enero en la inmediaciones del municipio de Elota donde un autobús de pasajeros chocó contra un tráiler y se incendió dejando 23 víctimas letales? ¿Por qué no se le exige a quien tiene la concesión de la carretera de paga para que la mantenga en buenas condiciones a cambio de la cuota de peaje que recibe? ¿Cuándo el gobierno estatal adoptará medidas que al menos prevengan los riesgos para los usuarios?

Las eventuales tragedias en las carreteras de Sinaloa han avisado a tiempo aunque las autoridades han ignorado dichas notificaciones que empiezan como percances menores que luego escalan a adversidades de mayor impacto.

 

El choque ocurrido hoy evidencia responsabilidades directas de los choferes de las unidades participantes, y culpas colaterales de servidores públicos y particulares que por acción u omisión originan los accidentes.

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