México.- Un contexto global donde los países e industrias del globo buscan transicionar hacia un mundo que se mueva al 100 por ciento con energías limpias y renovables, plantea la necesidad de que la transición energética sea justa con las personas más vulnerables a la falta de energía como son las comunidades locales.

En un esfuerzo por abordar esta transición energética desde una perspectiva local y comunitaria, existen actores que destacan la importancia de proyectos de generación solar distribuida en comunidades rurales y urbanas del país.

Una de ellas es Luisa Sierra Brozon, quien desde la dirección de energía de Iniciativa Climática México (ICM) promueve el programa ‘Ejido Solar’, como una opción para no solo ayudar a transformar la manera en que la energía se produce en el país, sino también fortalecer el tejido social y a las comunidades rurales.

En México, explicó Sierra Brozon, contamos con casi 30 mil ejidos y más de 2 mil 400 comunidades. Muchas de estas, aseguró, no hacen uso de sus tierras y la energía solar es una opción para mejorar sus condiciones de vida a través de la generación de energía. Por otro lado, la actual legislación permite este tipo de proyectos, de generación distribuida, siempre y cuando tengan una capacidad instalada menor a 500 kilowatts. “Que es muy buena capacidad”, aseguró.

Estos proyectos no solo ofrecen una solución energética sostenible, sino que también buscan involucrar directamente a las comunidades en la propiedad y gestión de los activos de generación. “Nuestro proyecto Ejido Solar, por ejemplo, busca cambiar la gobernanza de los proyectos renovables para que las comunidades sean las propietarias de los sistemas de generación,” agregó.

Una de las claves del éxito es la colaboración entre gobiernos estatales, municipales y las comunidades. Sierra Brozon destacó que se pueden crear ‘vehículos de propósito específico’, una figura legal que permite a las comunidades enfrentar la inversión inicial necesaria, que es la principal barrera para su implementación.

“Las comunidades pueden aportar sus tierras, mientras que los gobiernos estatales o municipales pueden contribuir con recursos a fondo perdido para dar certeza a la comunidad”, explicó.

Los beneficios de estos proyectos van más allá de la simple generación de energía. La electricidad generada puede venderse bajo la figura de venta total, permitiendo que los ingresos obtenidos se utilicen para pagar las inversiones y, posteriormente, se reinviertan en la comunidad para mejorar infraestructura, educación, y otras necesidades locales.

Sierra Brozon también subrayó la importancia de una regulación específica para este tipo de proyectos comunitarios. “Actualmente, no tenemos una regulación que atienda específicamente a las comunidades. Necesitamos avanzar hacia un esquema de contraprestación que permita detonar estos proyectos”, señaló. Esta regulación podría ayudar a superar una de las barreras principales, que es la falta de viabilidad económica en zonas con bajos precios marginales locales.

 

Actualmente, la ICM ya está trabajando con varios estados, incluyendo Sonora, Jalisco y Guanajuato, donde se han instalado proyectos comunitarios exitosos. “En Sonora, por ejemplo, estamos adaptando nuestro modelo en la comunidad de Bavispe, donde ya se ha instalado y conectado una central fotovoltaica,” comentó Sierra Brozon.

¿Qué es la generación distribuida?

 

Los proyectos de generación distribuida son sistemas de generación de energía eléctrica a pequeña escala que se encuentran cerca del punto de consumo. A diferencia de las plantas de energía centralizadas que generan electricidad en grandes cantidades y la distribuyen a través de largas redes de transmisión, la generación distribuida se realiza a nivel local, reduciendo las pérdidas de energía asociadas al transporte.

Además de las plantas de paneles solares, otros tipos proyectos de generación distribuida son las turbinas eólicas, sistemas de cogeneración y microturbinas y generadores a gas.

Entre sus ventajas se encuentra la reducción de pérdidas en el transporte de la energía, la reducción de la vulnerabilidad ante fallos en la red central, el fomento de energías renovables y, sobre todo, el empoderamiento del consumidor que produce la energía que consume.

“Estos traen beneficios, no solo económicos, sino ambientales y de democratización de la energía; estas son las principales afectadas cuando se tiene un déficit en la generación, es a las primeras que se deja de entregar electricidad y en ese sentido estás convirtiendo a un consumidor en un prosumidor. Estas haciendo que ese usuario final esté cerca de esa generación y genera esa electricidad”, puntualizó Luisa Sierra Brozon.

 

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