La decisión del Congreso del Estado que retira el recurso de revisión a la decisión que un juez federal tomó en enero de 2024, para declarar la inaplicabilidad a la Universidad Autónoma de Sinaloa de tres artículos de la Ley de Educación, es presentada como invitación al diálogo mientras que funcionarios y exdirectivos de la casa de estudios que están vinculados a procesos judiciales piden que también sean retirados los cargos en su contra por desempeño irregular del servicio público, abuso de autoridad y negociaciones ilícitas.
En cuanto la 64 Legislatura retrocedió respecto a párrafos y fracciones de la Ley de Educación que según la UAS violentan su autonomía, el rector en funciones, Robespierre Lizárraga, declaró que el desistimiento “es un triunfo legal para la Universidad, pero esto debe de seguir y deben resolverse las causas penales de todos los involucrados”, a la vez que la Fiscalía General y el Gobierno del Estado reiteraron que no se detendrán los procesos de la justicia donde los universitarios son acusados de posibles delitos de corrupción.
Se ve difícil que Robespierre Lizárraga acepte ir a una mesa de diálogo a nivel local ya que su apuesta es que el Gobierno Federal ejerza presión sobre las autoridades sinaloenses para que queden impunes los delitos sin que el Poder Judicial prosiga con el debido proceso en el cual están por emitirse órdenes de aprehensión para obligar a Jesús Madueña, ex rector, y Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes y Suministros, a que acudan a los tribunales a los juicios en calidad de imputados.
Más allá de posibles atenuantes o agravantes que se determinen en la negociación política, lo importantes es que la norma jurídica establezca precedentes que pongan a la UAS en el centro de los intereses para que quienes hoy o en el futuro gobiernen a la universidad respeten los postulados de transparencia y honestidad como cimientos de la educación de buena calidad, con prácticas de eficiencia, rendición de cuentas y autonomía entendida como fin supremo que no es licencia de impunidades.
A la educación pública en sus diferentes niveles le urgen en Sinaloa revisiones, modernizaciones y voluntades que la sitúen como eje de toda acción social con miras al progreso, paz, desarrollo y bienestar generalizados.
Los centros de enseñanza pierden sus funciones torales cuando son convertidas en rehenes de apetitos políticos o ajustadas a caprichos de cacicazgo, pues al conocimiento e inteligencia la libertad le es tan vital como el agua a la humanidad.
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