A más de dos años de que el Congreso del Estado aprobó la Ley de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, el mismo Poder Legislativo ha incumplido en crear la fiscalía especializada para atender a ambos sectores que se encuentran bajo constantes ataques y amenazas de parte de diferentes enemigos de la la lucha cívica, libertad de expresión y derecho a la información.
Debido a tal omisión, el lunes la Red de Periodistas y Personas Defensores de Derechos Humanos le hizo llegar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, la solicitud de una reunión en la que informe sobre los avances de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que establezca el funcionamiento de dicha área de investigación de delitos contra activistas e integrantes de la prensa.
La tardanza en poner en funciones la fiscalía especializada impacta en el bajo o nulo trabajo de investigación sobre hechos de agresiones a los gremios amparados por la Ley de Protección, ya que los perpetradores conocen y capitalizan a su favor el desdén de las autoridades en lo que corresponde a esclarecer y poner a disposición de la justicia a quienes ejercen violencia como en los casos del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, el 5 de mayo de 2023, y el disparo de armas de fuego contra las instalaciones del diario digital Adiscusión, el 13 de junio de 2024.
El avance que significa contar en Sinaloa con la Ley de Protección resultará a medias si el Congreso no dota al Instituto, que es el órgano garante, de las herramientas técnica, humanas y científicas que lleven a buen término la función del Ministerio Público al verse afectados los ejercicios de derechos humanos y periodistas, incurriendo el Legislativo con la inacción parlamentaria en conducta negligente que fomenta la impunidad.
La preocupación que expone la Red de Periodistas y Personas Defensores de Derechos Humanos de Sinaloa tiene que ver con la culminación en septiembre próximo del periodo de funciones de la 64 Legislatura, lo que implica que trabaje a contrarreloj en adicionarle a la ley interna de la FGE la operación de la fiscalía especializada. Se trata de la última oportunidad de los actuales diputados y diputadas para demostrar con hechos la solidaridad completa, no inconclusa, hacia el periodismo y defensores de DDHH que en mayo de 2022 recibieron el abrazo parlamentario que significó la aprobación de la Ley de Protección.
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