La celeridad con la que el Congreso del Estado inició el proceso legislativo de 38 iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa topa con la poca o nada disposición de las autoridades del centro educativo para realizar la consulta que por disposición legal debe llevarse a cabo antes de que la Cámara suba al pleno el dictamen de las propuestas realizadas por universitarios y la sociedad civil.
Según establece el artículo tercero de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, “cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. Será convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía”.
El lunes la 64 Legislatura envió un oficio a las autoridades de la UAS instándolas a presentar su propia iniciativa de reforma a la Ley Orgánica que contenga el sentir y opinión de la comunidad universitaria expresado a través de una consulta a ésta, exhorto que el rector encargado del despacho, Robespierre Lizárraga, desairó al condicionar que sobre la mesa de negociación se pongan también las denuncias penales interpuestas contra ex funcionarios de la universidad, encabezados por el destituido Jesús Madueña y el ex director de Bienes y Suministros, Héctor Melesio Cuén Díaz.
A la Legislatura en funciones se le acaba el tiempo y a los directivos de la UAS no le urge entrarle al tema de la reforma de su estatuto interior, quedando de nuevo el interés supremo de la Universidad desplazado por el diferendo y la resistencia a los consensos, lo cual significa que los trabajos legislativos deberán detenerse ya que, como lo reconoció ayer el gobernador Rubén Rocha Moya, las diputadas y los diputados no podrán votar un posible dictamen en tanto no hayan sido consultados los universitarios.
Al persistir el grupo que mantiene el control de la casa de estudios en tratarla como rehén sin reconocerle su naturaleza libre y de pertenencia ciudadana, tendrá que ser el sector estudiantil el que instale condiciones para la consulta y decida si le da a la UAS una nueva Ley Orgánica o le prolonga los lastres que le retrasan el vuelo hacia la cúspide.
El llamado sería entonces a que permitan que alrededor de 160 mil alumnos se expresen y que su voz decida el destino de la institución que es también el futuro de Sinaloa.
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