Culiacán, Sinaloa.- En enero del año 2021 la empresa Digital Beacon Programatic Services ofreció espacios publicitarios al gobierno de Sinaloa durante seis meses, por un monto de 9 millones de pesos, pero Alberto Camacho García, entonces coordinador de Comunicación Social, dijo que no hasta modificar el precio y elevarlo hasta los 15 millones 80 mil pesos.
La propuesta constó en un paquete de banners, que son esas imágenes que aparecen en los costados o en medio de los textos de noticias con anuncios publicitarios, de siete tamaños distintos en diversos lugares del sitio de noticias.
No hubo impedimento alguno para hacer crecer la propuesta económica, pues el contrato -en poder de Revista ESPEJO- se firmó el mismo mes de enero, pero con la cláusula de iniciar la propaganda en el mes de marzo, luego pausarla por ser año electoral y reiniciarla en junio y terminar en octubre.
En una solicitud hecha a la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Sinaloa, se pudo conocer las evidencias de lo que se compró. Son siete carpetas con copias de pantallas impresas en las que se tiene muestras de los banners publicitados.
En algunas páginas hay banners encimados y en otros hasta dos banners en una sola nota periodística.
Banners encimados con el logotipo Puro Sinaloa
Banners, Publicidad oficial, Quirino Ordaz Coppel, Latinus
Son cientos de imágenes con otras imágenes de campañas sobre promoción de empleo, invitaciones a empresarios al refrendo de flotillas, promoción del último informe de gobierno con caras de deportistas, fotografías de patrullas, otras con el malecón de Mazatlán y otras tantas con el logotipo “Puro Sinaloa”, frase emblema de la administración de Quirino Ordaz Coppel.
El contrato firmado por Alberto Camacho García y la empresa en representación de Latinus es el 034-2021. En ese documento se pactó los 15 millones 80 mil de pesos por seis meses para hacer la propaganda en el sitio. Es decir, en promedio por día se facturó 81 mil 956 pesos.
La investigación de la UIF
Ese contrato está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por ser parte de una posible red de triangulación de dinero, en los que los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Sinaloa, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial destinaron recursos públicos.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, dijo el 3 de julio en conferencia matutina en Palacio Nacional que hay cinco empresas investigadas: BCG Limited Consulting, Digital Beacon Programatic Services, Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic.
La posible triangulación se habría dado con la oferta de productos o servicios específicos, como publicidad oficial, pero a cambio se entregó servicios de salud o productos farmacéuticos.
Las evidencias, sin embargo, sí existen, son decenas de hojas con copias de pantallas con páginas y banners colocados en Latinus.
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