Culiacán, Sin.- “¿Qué van a proponer los jueces en campaña? ¿A quiénes deberán favores esos jueces?”, se cuestionaron magistrados y jueces federales del Poder Judicial de la Federación con sede en Culiacán, quienes advirtieron la llegada de personas vinculadas al crimen organizado de concretarse la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
Ante la inminente reforma constitucional al Poder Judicial del presidente López Obrador, los integrantes de este poder alzaron la voz acusando un grave riesgo a la impartición de justicia y al estado de derecho en el país.
“La propuesta de reforma se hará sin que exista una evaluación y valoración objetiva sobre el desempeño de cada uno de los juzgadores. No hay una evaluación sobre el desempeño en la función o pruebas que demuestren que hemos incurrido en alguna causa de responsabilidad o actos de corrupción”, defendieron.
Criticaron que la reforma que se discute actualmente en el Poder Legislativo pretende cesar a alrededor de mil 700 personas juzgadoras federales y cinco mil juzgadores de los estados de la federación, quienes serán sustituidos por jueces electos por el voto popular.
“Dicho cese es arbitrario, atenta contra lo que establece la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte. La reforma propone que las personas juzgadoras de carrera judicial, es decir, aquellas que llegan al cargo mediante concursos de oposición sean sustituidas por juzgadores electos por voto popular”, reprocharon.
De igual forma, sostuvieron que la reforma que el presidente pretende aprobar no garantizaría que lleguen los mejores juzgadores, los más preparados y con más capacidad, y sobre todo, independencia; por el contrario, advirtieron que se correría el riesgo de politizar y polarizar la justicia.
También advirtieron el riesgo de que lleguen personas vinculadas a un solo partido político, con la delincuencia organizada o que privilegie la popularidad sobre el conocimiento del derecho.
Luego de leer la propuesta que se discute en el Legislativo, las juezas federales informaron que los jueces serán propuestos por el presidente, la Cámara de Diputados, el Senado y un porcentaje mínimo por parte de la Corte.
Estos pasarán a formar parte de un listado final que será filtrado por el Senado para después pasar a la autoridad electoral para iniciar las campañas sin financiamiento público ni privado, pero que costarán entre 3 mil 500 y 7 mil mdp.
“Esta iniciativa propone que los nuevos juzgadores entren en funciones el siguiente año, en septiembre, sin mayor previsión, valoración, perfil y capacidad, lo cual pondrá en riesgo la tramitación y resolución de aproximadamente un millón 256 mil asuntos que ingresan anualmente al Poder Judicial de la Federación”, explicaron.
“Lo que no debe permitir personas improvisadas y compromisos previos en la impartición de justicia con fines políticos. Coincidimos en que si se requiere una reforma a la justicia, al sistema judicial, pero necesitamos que sea integral, que implique la procuración y administración de justicia”, continuaron.
En contraste, los jueces y magistrados opinaron que una reforma al Poder Judicial debe incluir a la Fiscalía General de la República y las fiscalía de las entidades federativas, las policías federales, estatales y municipales, ya que su actuación es relevante para acreditar la responsabilidad de los presuntos implicados en un delito.
Cabe destacar que en la rueda de prensa estuvieron la Magistrada Abigail Cháidez, perteneciente al Tribunal Colegiado en materia de apelación; la jueza Fernanda Goretti, jueza de amparo; el licenciado Saavedra, entre otros.
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