Culiacán, Sinaloa.- En Sinaloa hay un déficit de agencias y agentes del ministerio público, lo cual obstaculiza la capacidad del sistema judicial para procesar casos de manera eficiente, dejando a muchas víctimas sin justicia.

De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, en Sinaloa hay 55 Agencias del Ministerio Público, de las cuales 37 están especializadas. Entre todas se cuentan con 367 ministerios públicos repartidos entre diversas unidades, direcciones, fiscalías y agencias del ministerio público.

Entre enero de 2023 y la primera quincena de abril, la Fiscalía abrió 39 mil 890 carpetas de investigación, lo que en una cuenta simple, considerando los 397 agentes de ministerio público que tiene Sinaloa, se puede calcular que en promedio a cada agente le corresponde atender poco más de 108 carpetas de investigación.

Esa carga es únicamente por ese periodo, pues se deben sumar aquellas que corresponden a años anteriores que siguen vigentes.

Fuente: Fiscalía General del Estado

En los datos otorgados por la Fiscalía General se conoció que los principales delitos por los que se abrió carpetas de investigación fueron violencia familiar, lesiones dolosas y robo de vehículo.

Sin embargo, de enero del 2023 a abril del 2024 solo se judicializaron 4 mil 391 carpetas de investigación, es decir, solo el 11% de los casos se presentaron ante un juez.

Fuente: Fiscalía General del Estado

De estas carpetas que se judicializaron, solo mil 984 lograron una vinculación a proceso, es decir, en alrededor del 45.18% de los casos que llegaron ante un juez, se decidió que sí había suficientes elementos para considerar que la persona acusada posiblemente cometió un delito.

Cabe mencionar que, del total de carpetas de investigación que se abrieron entre enero del 2023 y la primera quincena de abril del 2024, sólo 412 se resolvieron ya sea a través de una sentencia o un sobreseimiento de la causa.

La abogada Alma Luz Bernal, defensora internacional de los derechos humanos y Juez Mediador de Paz Internacional, indicó que todos los funcionarios de justicia se encuentran saturados debido a las malas prácticas de políticas públicas que al simular la distribución de los recursos le niegan el acceso a las personas a una justicia pronta y expedita.

“Ahora que traen en boga el poder judicial nada más hablan de los jueces, las resoluciones y los magistrados, pero donde inicia todo es desde la Fiscalía. Se necesita que se distribuyan los centros regionales y exista representaciones del ministerio público en todos los municipios”, dijo.

La abogada señaló que el déficit de ministerios públicos es un tema que se debe de revisar en la asignación de presupuestos, para que disminuyan los índices de impunidad e incremente la cultura de la denuncia.

El déficit también es de cobertura territorial

Sin embargo, no solo se trata de la carga en los agentes, sino que el déficit provoca vacíos en la cobertura territorial. Municipios como San Ignacio, Cosalá, Mocorito y Salvador Alvarado no cuentan con agencias del Ministerio Público, lo cual obliga a las personas de estas localidades a trasladarse grandes distancias para presentar sus denuncias.

La abogada Luz Bernal explicó que esta carencia de Agencias del Ministerio Público ha venido agravándose desde la reforma constitucional del 2008 cuando se instauró el nuevo sistema de Justicia Penal.

Según la abogada, esta reforma provocó una reorganización de las agencias del Ministerio Público, concentrándolas en centros de justicia en las sedes judiciales, lo que ha dejado a muchos municipios sin acceso inmediato a estos servicios esenciales.

“Hay quienes no pueden tener la defensa de sus derechos humanos porque no tienen acceso a una justicia, ni hablar del término pronto y expedito porque desde la política pública se concentraron en esos centros de justicia que yo lo pongo entre comillas, y lo que hicieron nada más fue dividir a quiénes tenían acceso a la justicia y quiénes no ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen los recursos económicos para trasladarse”, dijo.

El problema de distribución también genera impunidad, prosiguió, ya que muchas denuncias no se presentan debido a la dificultad de acceso.

Este tema se ha puesto a discusión en las mesas de trabajo del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Familiar, que preside la Secretaría de las Mujeres y en la cual participan autoridades municipales y estatales.

Al respecto, en entrevista para ESPEJO, María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres en Sinaloa, resaltó que los habitantes de los municipios alejados enfrentan grandes dificultades debido a la falta de agencias del ministerio público, pues hay familias que no tienen los recursos para trasladarse a otra localidad a presentar una denuncia.

“Esto es algo que hemos puesto sobre la mesa cuando tenemos las reuniones de coordinación con Fiscalía, para efecto de abrir más brazos de la Fiscalía y tener más oficinas que puedan recepcionar las denuncias para no dificultar este tema de la cultura de la denuncia”, agregó la también abogada.

El 22 de julio, ESPEJO documentó que los delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad y mujeres han ido en incremento durante los últimos años en Sinaloa, según datos recientes de la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Solamente sobre los casos de abuso sexual donde las víctimas son mujeres van a la alza, pues en 2021 se registraron 371 casos, pero este número aumentó a 450 en 2022 y a 488 en 2023. Hasta el mes de junio del 2024 ya se han reportado 275 casos, lo que sugiere que este año podría superar los registros si la tendencia actual continúa.

Guerra Ochoa dijo que el incremento de denuncias corresponde a una “cultura de denuncia” que ha mejorado en Sinaloa.

“El grueso de los casos de violencia sexual no se denunciaba, hemos crecido, no descartamos que pueda haber también en ciertas áreas mayor incidencia, pero yo lo que creo es que hay sobre todo más denuncia”, dijo.

Esa cultura de denuncia, sin embargo, es poco o nada perceptible en municipios como San Ignacio, Cosalá, Mocorito y Salvador Alvarado debido al déficit de personal y cobertura territorial del Ministerio Público.

Fuente: Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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