Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU en México, criticó duramente la propuesta de reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es preocupante, al asegurar que “socavaría la independencia de la judicatura mexicana”.

Considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales. Las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña“, señaló la relatora especial de la ONU en un informe enviado el 29 de julio.

La reforma propuesta por la Presidencia de la República modificaría los artículos 96 y 97 de la Constitución, para establecer, entre otras cosas, que todos los jueces, magistrados y ministros deberán ser electos con voto popular, se eliminaría el Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevas dependencias, Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, además el Pleno de la Suprema Corte de Justicia pasaría de tener 11 a 9 ministros y ministras.

Además, el Tribunal Electoral tendría la competencia para conocer disputas electorales y ampliar los criterios para el inicio de juicio político de funcionarios judiciales a través del establecimiento de procesos penales.

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, dijo Satterthwaite.

Las elecciones de jueces serían llevadas a cabo cada tres años, el primer domingo de junio, al mismo tiempo que las elecciones de otras dignidades designadas mediante voto popular, alineando el proceso de designación de las vacantes judiciales con el período electoral ordinario. El Instituto Nacional Electoral (INE) sería el responsable de tabular los resultados de la elección.

La relatora aclaró que el derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento, pero que “este exige que cualquier procedimiento de nombramiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individual, así como la imparcialidad subjetiva y objetiva“.

“Los procesos de nombramiento deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar una judicatura independiente. Los jueces deben ser elegidos con base en su formación y calificaciones, así como en su integridad e idoneidad”, sostuvo.

Para Satterthwaite, uno de los problemas principales de esta reforma es que la judicatura podrá ser sometida a consideraciones políticas y no técnicas o jurídicas.

“Las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”, señaló.

“(…) la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

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El proceso de reforma inició el 5 de febrero de 2024, cuando la Presidencia de la República envió una propuesta a la Cámara de Diputados, aunque fue a partir del 27 de junio cuando se comenzó una serie de foros convocados por el Poder Legislativo en conjunto con el Poder Judicial para contrastar propuestas e ideas.

En total, son nueve foros los que deberán desarrollarse. El último ocurrirá el 8 de agosto, en Sinaloa, con el tema: Impartición, procuración de justicia y seguridad pública.

Después de los diálogos se abrirá un proceso de análisis legislativo para dictaminar la iniciativa y llevarla al Pleno para una votación.

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