Por Andrea Dorantes
Culiacán, Sin.- 50 niños y niñas fueron rescatadas en el municipio de Escuinapa por autoridades locales el 30 de julio, luego de que se detectó que eran trasladadas a laborar a campos agrícolas del sur de Sinaloa.
Fueron rescatados por autoridades del DIF en un operativo contra el trabajo infantil, sin embargo, no se impusieron sanciones contra los responsables.
“Durante la jornada, se inspeccionaron varias unidades de transporte, y fueron detectados 50 infantes, procedentes principalmente de la Isla del Bosque y comunidades de la zona sur del Municipio, quienes fueron retornados a sus respectivos domicilios, informó el Licenciado Germán Apodaca Morales, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, se indicó en un comunicado.
Los niños y niñas fueron trasladadas a sus casas por las autoridades locales, pero dejó el registro de que aún existe trabajo infantil en Sinaloa
De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, de los 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tercera parte de ellos lo hacen en actividades agrícolas.
“Siempre son pueblos originarios indígenas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas fundamentalmente. Como ves son de los estados más pobres del país (…). Ellos viajan por períodos hacia la agroindustria, hacia el norte, Sinaloa, Nayarit, Baja California, incluso Michoacán”, dijo.
“Esta agroindustria, así como su nombre lo indica, son negocios multimillonarios de exportación sobre todo, y buena parte de su riqueza está literalmente en los salarios precarios y pésimas condiciones que tienen los trabajadores migrantes”.
El activista calificó el trabajo de los jornaleros agrícolas como una “esclavitud moderna”, debido a que familias completas de pueblos originarios de los estados más pobres del país se trasladan al norte de México para trabajar en el campo con salarios precarios y pésimas condiciones.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el salario promedio de un jornalero agrícola en el país es de 3 mil pesos mexicanos.
Pérez García señaló que la mitad de los menores que trabajan no reciben ingreso por su salario a causa de la precariedad económica de sus familias.
A su vez, alertó que muchos niños y niñas que viven en las cuarterías agrícolas, mueren a causa de consumir fertilizantes o en accidentes con maquinarias, asegurando que “las autoridades protegen a la agroindustria de las atrocidades que se cometen ahí dentro”.
“Cuando son trabajos peligrosos como estos que realizan en la agroindustria, los fertilizantes o pesticidas son los que tienen serias afectaciones a su salud, en algunos lugares la mala calidad del agua. Por otra parte, asumiendo la condición de pobreza en la que viven ellos y sus familias, la alimentación suele ser de muy mala calidad afectando su desarrollo metabólico y su desarrollo cerebral”, indicó.
En 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, el cual tenía el objetivo de asegurar una mayor cobertura educativa; entre la población beneficiada estaban los hijos e hijas de jornaleros agrícolas, explicó el activista.
En octubre de 2023, el INEGI estableció en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que Sinaloa tiene una tasa de 9.7 por ciento de trabajo infantil, colocándose en la posición número 24 en México en relación con esa problemática. De esa tasa, más de la mitad es población no permitida por la Ley Federal del Trabajo.
El caso de Escuinapa se encuadra en esa última categoría, en la de niñas y niños que no debían estar trabajando.
El INEGI indicó en esa misma encuesta que en 2019 el 25 por ciento del total de niños y adolescentes que trabajaron no asistían a la escuela, y este porcentaje se elevó al 30 por ciento en 2022, representando un incremento en términos absolutos de 302 mil niños y adolescentes, de los cuales el 73 por ciento son varones.
Juan Martín Pérez García aseguró que entre más temprana sea la edad en la que los niños y las niñas se tengan que enfrentar a actividades económicas para sobrevivir, más se incrementa la posibilidad del abandono escolar, lo que los hace vulnerables a la falta de acceso a la información y así, a no poder defender sus derechos.
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