La tijera del Tribunal Electoral de Sinaloa: ¿ley dura o acuerdos para la gobernabilidad?

Debió sustentar a suficiencia jurídica y políticamente el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el resolutivo que le quita dos diputaciones plurinominales al Partido Acción Nacional y una al Revolucionario Institucional, para asignárselas al Movimiento Regeneración Nacional, modificando la repartición de curules que originalmente hizo el Instituto Electoral con fundamento en el principio de representación proporcional.

Es que la decisión del Teesin sobre un tema que se consideraba ya finiquitado a escasas semanas de que sea instalada la 65 Legislatura del Congreso del Estado le introduce conflicto poselectoral a la atmósfera gubernativa de Sinaloa de por sí tensa ante acontecimientos de seguridad pública de alto impacto en lo local, y de fuerte efervescencia en el ámbito político nacional debido a las controversias por la posible sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados y la reforma al poder judicial federal.

En caso de tratarse de la interpretación y apego estricto a las leyes electorales, la interrogante que salta tiene que ver con el criterio aplicado por el tribunal en materia comicial en cuanto a la gobernabilidad y estabilidad, lo que obliga a atender la recomendación proveniente de la antigua Roma adaptada que la justicia no sólo debe justa sino esencialmente parecerlo.

Por lo pronto, la dirigencia estatal del PAN dio a conocer que impugnará la decisión del Teesin ante tribunales de alzada, generándose un nuevo e inconveniente polo de conflicto donde Morena alega que merecía más curules de las que le otorgó el IEES, y el PRI se queja de la sobrerrepresentación guinda en el órgano parlamentario estatal, diferendo que deberá zanjarse en muy corto tiempo.

Los sistemas democráticos avanzados sugieren que las mayorías aplastantes lindan los terrenos del autoritarismo y que al promoverse los equilibrios con opositores y minorías se le quita presión a las exigencia ciudadana de representación política que anule posibles abusos en agravio de las electores y partidos marginados en el veredicto del voto. En Sinaloa, sin embargo, se antojaban más factible en estos momentos los acuerdos para la gobernabilidad que la dura lex que le atice a la confrontación.