En la ola de cuestionamientos, dudas, conjeturas y contradicciones que procede de los recientes hechos de delincuencia organizada, le toca el turno de pagar a la Fiscal General del Estado por la descalificación a los trabajos de criminalística realizados después de que Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense, fue asesinado en condiciones y lugar no determinados 15 días después de esos hechos.
En la lógica política y el ejercicio de un cargo tan difícil de operar se veía venir la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada después de la exhibición de inconsistencias, que en realidad son negligencias, en lo más elemental que es la cadena de custodia de las evidencias, errores que provocan preocupaciones que trascienden el caso que hoy acapara la atención de la opinión pública y, lo más grave, le da pauta a la duda generalizada de si con iguales descuidos actúa en las investigaciones sobre delitos que ocurren en Sinaloa, principalmente los de alto impacto.
La FGR actuó rápido para cortar las especulaciones y seguramente en corto plazo también dará a conocer conclusiones sobre dónde y cómo murió el político sinaloense, desechando una de las dos o todas las teorías predominantes: la que aportó Ismael Zambada García desde su situación de prisionero de Estados Unidos al afirmar que “a Cuén lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron a mí” o la línea de investigación que sostuvo la fiscalía estatal sobre el intento de robo del vehículo como causante del homicidio.
Por lo pronto, las inconsistencias que señala la autoridad ministerial federal tumbaron la credibilidad que le quedaba a la Fiscalía de Sinaloa.
¿Es posible que la labor pericial no haya detectado que el cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza, que no fuera procesado criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo, o que incumplieran las autoridades involucradas las medidas de preservación de pruebas permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas forenses sobre investigación de homicidios?
En consecuencia ahí está la decisión que tomó el gobernador Rubén Rocha para atenuar las secuelas del devastador informe de la FGR que evidencia los descuidos forenses sobre una investigación que podrían resultar como desidias estandarizadas en la procuración de justicia en Sinaloa. La única cuestión que queda por resolver es quién más aparte de Sara Bruna Quiñónez pagará por el desafortunado manejo en Sinaloa del caso Cuén Ojeda.
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