Era 15 de septiembre de 2021, Rubén Rocha Moya aún no asumía la gubernatura, pero deslizaba nombres de su gabinete en Sinaloa para suceder a Quirino Ordaz Coppel, incluido cambios en órganos autónomos.
“Platicamos el fiscal Juan José Ríos Estavillo y yo, quedamos en que dejará al cargo”, aseguró en entrevista durante la noche del Grito de Independencia en Palacio de Gobierno.
Juan José Ríos Estavillo, un hombre que llegó a la Fiscalía General del Estado en 2017 paralelamente a Quirino como Gobernador, se despidió, presentó su renuncia al Congreso del Estado y se fue.
El nombre de Sara Bruna Quiñónez Estrada retumbó en Sinaloa con fuerza por dos motivos. El primero fue porque aún era jueza, una cercana a Enrique Inzunza Cázarez -quien fue presidente del Poder Judicial 10 veces en 11 años-, la mano derecha del gobernador Rocha Moya y entonces virtual secretario general de Gobierno.
La segunda, por haber sido la persona que juzgó duramente a ocho ex funcionarios del gobierno del Estado por actos de corrupción. Sus posturas eran reacias, críticas incluso a los fiscales a cargo de los casos y a sus jefes que aceptaron en todos y cada uno de ellos arreglos para salidas alternas.
Sara Bruna logró posicionarse como la “Jueza de Hierro”, admirada por organizaciones civiles, víctimas y cámaras empresariales.
En septiembre de 2017, mientras Ríos Estavillo renunciaba, ella se jubilaba del Poder Judicial, se inscribió en el proceso para competir por la Fiscalía General y entre los miembros del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP), un órgano ciudadano que nació en la década del año 2000 por presión ciudadana ante las designaciones en temas de seguridad, ya la señalaban como la favorita.
Ese órgano la propuso a Rubén Rocha Moya en un paquete con otros cuatro candidatos y candidatas. Éste, a su vez, mandó una terna al Congreso local, donde en una votación unánime decidieron designarla como primer mujer fiscal del Estado de Sinaloa.
Las pruebas de Sara Bruna
La primera prueba de ácido ocurrió en agosto de 2023, cuando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía -un símil de la Unidad de Inteligencia Financiera- inició una carpeta de investigación contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y fundador del Partido Sinaloense, por presunto enriquecimiento inexplicable.
Cuén Ojeda fue hasta el 25 de julio de este 2024, el mayor opositor de Rubén Rocha Moya. Ambos políticos disputaron el poder político de la UAS, uno defendiendo la Ley Orgánica tal como está y el otro con el interés de reformarla para abrir la votación de rectoría y direcciones a toda la comunidad universitaria, restando poder al Consejo Universitario que Cuén Ojeda empoderó en 2006, siendo rector.
A partir de la investigación, surgió también un serie de carpetas de investigación en contra de funcionarios de la UAS -ex colaboradores de Cuén Ojeda en la UAS y en el PAS-, todas por presuntos actos de corrupción cometidos en los últimos seis años.
En total son seis carpetas de investigación las que se han judicializado, incluyendo al actual rector electo Jesús Madueña Molina y al hijo de Cuén Ojeda, Héctor Melesio Cuén Díaz.
Sara Bruna Quiñónez Estrada confió las investigaciones en Nereyda Avilez, designada como Fiscal Anticorrupción, pero esta renunció al cargo sin mayor explicación, solo que prefería un retiro anticipado tras 25 años de servicio.
La Fiscalía General del Estado decidió mantener las investigaciones y una a una se fueron presentando. Actualmente todas se encuentran en fase de investigación complementaria.
Los cargos penales sirvieron para ser utilizados para señalamientos políticos durante las campañas electorales por aspirantes de Morena, pues el Partido Sinaloense se alió con la alianza del PRI-PAN-PRD en lo local. Incluso, Cuén Ojeda logró tener una candidatura por la quinta posición plurinominal en la Cámara de Diputados de la primera circunscripción, la cual ganó.
Durante todo un año, Quiñónez Estrada sostuvo las carpetas de investigación, mientras que los funcionarios de la UAS promovían amparos en contra de vinculaciones a proceso. Todos esos amparos se han ganado, pero la Fiscalía General ha insistido en las acusaciones.
La fiscal general no se rindió, daba posturas públicas de manera seguida contra los universitarios, asegurando que solo utilizaban prácticas dilatorias para evitar los juicios.
La noche del 25 de julio tuvo su segunda prueba sobre su capacidad para llevar un caso de alto nivel: fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Quiñónez Estrada inició una carpeta de investigación y el 29 de julio compareció ante los medios de comunicación para leer un comunicado, en el cual se relató que Cuén Ojeda había sido asesinado en un intento de robo de vehículo, que tenía como prueba principal la declaración de un muchacho que estuvo con él prácticamente todo el día 25 de julio y que sus dichos eran prácticamente suficientes.
Dijo también que Cuén Ojeda murió de un paro cardiaco luego de haberse desangrado a causa de cuatro impactos de bala en sus piernas, que dos de esas balas se quedaron alojadas en su cuerpo y que la muerte ocurrió prácticamente al llegar a una clínica privada en la colonia Chapultepec, en la zona central de la ciudad de Culiacán.
15 días después, esa versión se diluyó. Una carta de Ismael Zambada García, ‘el Mayo’, quien fue detenido el 25 de julio en Estados Unidos, relataba sobre una traición coordinada por los hijos de su ex socio Joaquín Guzmán Loera, ‘el Chapo. Mencionó que se vería con el gobernador Rubén Rocha Moya y su amigo el político Héctor Melesio Cuén Ojeda. Como último dato, Zambada criticaba la versión sobre la muerte del ex rector de la UAS, afirmando que éste murió en el mismo lugar donde fue secuestrado previo a ser llevado a Estados Unidos, donde se le detuvo.
La caída de la fiscal
La versión de Zambada se publicó el 10 de agosto, cimbrando en el poder político de una manera importante, tanto que el gobernador Rocha Moya fijó una postura pública frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Ambos lo respaldaron.
Dos días después hizo lo suyo la fiscal Quiñónez Estrada, dando crédito a la versión de Zambada al asegurar que se tenía que ampliar la carpeta de investigación.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y con ello la carpeta entera.
Tres días después, la FGR presentó un listado de 10 hallazgos elementales que demostraron un tratamiento incorrecto en la investigación por asesinato de Cuén Ojeda. En resumen, esos 10 puntos establecieron una posible negligencia, incluyendo falta de pericia para tratar un homicidio doloso.
Pasaron 12 horas de ese comunicado hasta que el gobernador Rocha Moya dio a conocer que él recomendó, a través de una llamada de 5 minutos, la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada como fiscal general.
El Congreso del Estado recibió un oficio firmado por quien fuera la “jueza de hierro”. Ahora deberá buscar a una persona que quiera asumir la responsabilidad sobre el órgano que en la Constitución de Sinaloa es descrito como autónomo.
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