Culiacán, Sinaloa.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) manifestó su inquietud sobre el proceso de consulta realizado por el Congreso del Estado de Sinaloa los días 11, 12 y 13 de septiembre, cuyo objetivo es reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La ANUIES subrayó la importancia de respetar la autonomía de las universidades, conforme lo establece la Ley General de Educación Superior (LGES) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, hizo un “llamado atento al Congreso del Estado de Sinaloa para reconsiderar la legalidad de la consulta efectuada con objeto reformar la Ley Orgánica de la UAS”.
En su posicionamiento, la ANUIES recordó que cualquier reforma a la Ley Orgánica de una universidad autónoma debe ser precedida por una consulta previa, libre e informada, dirigida a la comunidad universitaria y a sus órganos de gobierno competentes. Esta consulta debe respetar las disposiciones que garantizan la autonomía de las instituciones educativas, tal como lo estipula el artículo 3, fracción VII de la Constitución.
El Consejo Nacional de la ANUIES también señaló que en 2023, la UAS llevó a cabo acciones legales en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual contenía disposiciones que, según la universidad, vulneraban su autonomía. Las resoluciones emitidas por el Juez Primero de Distrito en Sinaloa y el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito fallaron a favor de la UAS, dejando sin efecto dichas disposiciones.
Ante estos antecedentes, la ANUIES hizo un llamado al Congreso de Sinaloa para reconsiderar la legalidad de la consulta efectuada. El organismo reiteró que, de acuerdo con el principio de autonomía constitucional, cualquier iniciativa de reforma debe emanar y organizarse a través de los órganos universitarios establecidos en la Ley Orgánica y los reglamentos internos de la UAS.
La negativa de la UAS se para encabezar una consulta
Los diputados Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa, así como Sergio Mario Arredondo, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, han defendido la legalidad del proceso de consulta y negado que se trate de un proceso apresurado.
Afirma que es parte del proceso demandado por los promotores de las 36 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS, las cuales ya fueron dictaminadas.
También han señalado en reiteradas ocasiones la falta de disposición de autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa para, primero, haber presentado su propia iniciativa de reforma y, luego, negarse a organizar una consulta universitaria.
El pasado 25 de julio el Congreso aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para solicitar a las autoridades de la UAS “realizar la Consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria y a sus órganos de gobierno competentes”, para saber si estaban de acuerdo sobre la reforma a su Ley Orgánica, misma que debía realizarse entre el 26 de agosto y 6 de septiembre. Pero no hubo respuesta de las autoridades de la Casa Rosalina.
Previo a la realización de la consulta organizada por el Congreso para los días 11, 12 y 13 de septiembre, el abogado de la UAS, Milton Ayala, advirtió que la Universidad agotará todos los recursos legales en contra la consulta que abre la puerta a una posible reforma a la Ley Orgánica.
El abogado insistió en la postura de las autoridades de la institución educativa, quienes han reiterado que esta consulta es “una barbaridad jurídica” que viola la autonomía universitaria garantizada en la Constitución y en la resolución del juez que establece que el Congreso no puede organizar una consulta al interior de la UAS.
La Comisión de Educación del Congreso durante el conteo de las opiniones de la Consulta.
Incluso, adelantó el abogado, de seguir el proceso y obtener una reforma a la Ley Orgánica en los términos planteados por el Congreso, la UAS podría interponer nuevamente un recurso de amparo.
En medio de la ola de inseguridad que ha vivido Culiacán desde el pasado lunes 9 de septiembre, la Institución educativa convocó a clases virtuales en todo el estado, lo que generó una baja participación en la consulta. Aún así, el proceso continuó y Feliciano Castro afirmó que hay legalidad.
Sergio Mario explicó que en la Consulta no se trata de cuántos participan, sino del hecho de haber garantizado el derecho a participar a los 200 mil universitarios para que se manifestaran informada y libremente. Al final del conte, recogieron alrededor de mil 350 participaciones, en su mayoría a favor de la consulta.
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