Culiacán, Sinaloa.- El abogado Milton Ayala, miembro del equipo legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), manifestó que la institución educativa está preparada para agotar todos los recursos legales disponibles ante la reciente decisión del Congreso del Estado de Sinaloa de llevar a cabo una consulta universitaria que abriría la puerta a una posible reforma de la Ley Orgánica de la UAS.
Según Ayala, esta decisión del Congreso es una “barbaridad jurídica” que viola la autonomía universitaria garantizada por la Constitución, así como la resolución del juez en la que establece que el Congreso no puede organizar una consulta al interior de la UAS. Esto, tras el amparo que obtuvieron en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
“Al haber quedado resuelto el juicio de amparo y determinado por el juez de distrito y por el tribunal colegiado que el Congreso no puede organizar una consulta al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa por que viola la autonomía universitaria, es claro que vamos a agotar un nuevo juicio de amparo en contra de esa determinación”, dijo.
El abogado enfatizó que, de continuar con la consulta y obtener una reforma a la ley orgánica en los términos que el Congreso del Estado plantea, la UAS podría proceder nuevamente a interponer un juicio de amparo.
“En caso de que pasara la reforma a la Ley Orgánica en los términos que ellos quieren y sin consulta de los universitarios que emerja de la comunidad universitaria y si así lo mandata el Consejo Universitario, pues nosotros procederemos al amparo, o que algunos compañeros universitarios sean afectados por esa reforma en lo individual también pudieran ampararse”, dijo.
Destacó que los jueces de amparo son la única institución imparcial y ajena al Estado de Sinaloa que puede decidir si el Congreso tiene la razón o la tienen las autoridades universitarias.
Por su parte, a través de un comunicado compartido por la UAS, Ramón Bonilla Rojas, otro abogado de la institución, expresó su rechazo a las acciones del Congreso, calificándolas de ilegales y acusando a los diputados de intentar “hacer un asalto a la UAS“.
Según Bonilla, la universidad denunciará estos hechos ante el juez federal, quien seguramente declarará la nulidad del procedimiento legislativo.
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