Culiacán.- De alrededor de 3 mil 386 millones de pesos son las pérdidas económicas de ‘la guerra’ en Sinaloa, señaló la economista Cristina Isabel Ibarra Armenta.

La presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, quien ha dado puntual seguimiento al tema, estimó el valor de las transacciones no realizadas durante los cuatro días en que Culiacán vivió un mayor nivel de encierro, miedo y nula actividad económica, del 9 al 12 de septiembre, consideró Ibarra.

Para realizarlo, la economista calculó y sumó los salarios pérdidos de las empresas formales (536 MDP), los ingresos no obtenidos de trabajadores informales (350 MDP) y las transacciones económicas de compra venta de productos y servicios que no se llevaron a cabo (2 mil 500 MDP).

“Las pérdidas económicas ya son cuantiosas considerando que fueron aproximadamente 4 días en los que hubo casi un total cierre de comercios y que hubo también el freno de muchos transportes”, señaló.

 

Para realizar la estimación, Cristina Isabel utilizó los datos del INEGI como el Producto Interno Bruto de Sinaloa (PIB), la estimación de salarios erogados diariamente por las empresas formales y la estimación de ingresos diarios reportados por trabajadores y negocios informales.

“Tan solo en cuatro días estamos diciendo que son 536 millones de pesos para las empresas formales, más alrededor de 350 millones de pesos para las empresas o los trabajadores que están en la informalidad”, explicó.

La pérdida de las actividades económicas no realizadas fue calculada a través del PIB diario de Sinaloa y considerando que en Culiacán se lleva a cabo alrededor  del 50% de la actividad económica estatal. Isabel estimó la pérdida diaria en 630 millones y de 2 mil 500 para el periodo entre el 9 y 12 de septiembre.

Seguimos contando

 

Sin embargo, esta estimación de 3 mil 400 MDP para cuatro días de violencia en Culiacán, no considera las afectaciones económicas en otros municipios y sindicaturas que siguen siendo fuertemente afectados por la violencia.

Al respecto, Ibarra Armenta consideró que el efecto total de esta ‘guerra’ en la economía será mucho más elevado, pues aún siguen sucediendo hechos de violencia como enfrentamientos y desplazamientos, sobre todo en zonas serranas.

“Entonces nos encontramos ante una situación qué va a privar de la vida económica a muchas familias. No solamente ahorita, sino que el efecto, los estragos, podrían verse en uno o dos meses ya en su totalidad y pues todavía seguimos contando porque todavía no se regresa a una completa normalidad”, consideró.

Esta falta de normalidad, siguió la economista, se ve reflejada en la negativa de los padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela a pesar de los esfuerzos gubernamentales por lograr de nuevo que los alumnos acudan a los centros educativos.

“Por un lado, esto significa un gasto que no se está llevando a cabo, pero también muchas actividades que se llevan a cabo alrededor de la vida escolar no se van a llevar a cabo”, explicó.

En el caso de Elota y San Ignacio, y en menor medida Concordia, estos municipios dependen principalmente del comercio y el turismo, por lo que la inseguridad afecta considerablemente su economía, añadió Ibarra. Y aunque los tres representan menos del 1% de la producción total del estado, sus las afectaciones incluyen a más de 100 mil personas.

La cicatriz seguirá doliendo

 

Más allá, en el largo plazo, la cicatriz de la violencia seguirá doliendo no solo a las familias afectadas, sino también a la economía sinaloense.

Estos efectos se están viendo y se verán, augura Isabel, en la cancelación de eventos como los conciertos de Alejandra Guzmán y Belanova; así como vuelos cancelados por Aeroméxico.

Pero el golpe más duradero será en las inversiones privadas que se establecen en el estado, tanto las de dinero extranjero, como las del dinero lavado por el crimen organizado.

“Los costos económicos van a ser importantes. Por la guerra del narco va a haber ingresos y economías que no se van a mover porque sabemos que la economía en Sinaloa está altamente penetrada por todos los flujos que llegan por esas actividades ilegales mediante el lavado de dinero”, dijo.

 

Será esto, consideró, lo que amenaza con sumir a Sinaloa en una crisis profunda, no solo en el tema de seguridad y estado de derecho, sino también en las transacciones económicas que todo ciudadano en un estado democrático utiliza diariamente para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

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