Al regresar a sus labores de vigilancia y orden, los policías municipales y de tránsito de Culiacán están llamados a demostrar que en más de un mes de inactividad recibieron los elementos para inspirar mayor confianza y mostrar alta eficacia en el contexto de inseguridad que exige mejor fuerza pública incuestionablemente al lado de la ciudadanía que desde sus bríos disponibles intenta aportar a la recuperación de la paz.

La responsabilidad de la prevención y de primer nivel de contacto y protección a la población en el caso de la Policía Municipal, y de mantener a la ciudad con movilidad aceptable y regulada por lo que corresponde a la corporación vial, adquieren importancia crucial en los momentos en que la delincuencia pone bajo alto riesgo a los sinaloenses, ampliando las acciones transgresoras de la ley hacia otros municipios como Mazatlán y Navolato.

Sin embargo, el gobierno de Culiacán que preside Juan de Dios Gámez Mendívil, y el de Sinaloa que encabeza Rubén Rocha Moya, tienen la obligación de determinar también medidas que cuiden a las policías municipal y de tránsito como eslabón de la seguridad pública con menor capacidad de defensa frente a las células del cártel local que chocan entre sí y dispersan temor y víctimas letales a lo largo y ancho del territorio estatal.

 

Una vez sometidos a los exámenes de control y confianza, y que sus armas de cargo fueron ajustadas a la licencia oficial colectiva en la materia, es de esperarse que estén a la altura de los reclamos de los culiacanenses para que retornaran a sus labores y protejan a las actividades económicas y de la comunidad en general que mantiene el voto de fe en instituciones creadas para el resguardo de la gente pacífica y el patrimonio legítimo de ésta.

El ataque a un grupo de policías municipales de Navolato, que el viernes privó de la vida a dos elementos de la corporación e hirió a dos más, constituye el aviso a tiempo para que aparte de reintegrar a sus funciones a los agentes de seguridad de Culiacán de igual manera vengan adjuntas las decisiones que eviten ataques y bajas que al ocurrir redundan en el sentimiento ciudadano de desamparo porque si la fuerza pública resulta menguada no se diga de las personas o familias que son parte de la mayoría abrumadora que no la debe pero sí la teme.

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