La desaparición de órganos autónomos en materia de transparencia, para ceñir la rendición de cuentas y el acceso a la información a un solo poder, el Ejecutivo, confirma la instalación en México de un régimen autoritario que va en contrasentido de la tendencia mundial por fortalecer cuestiones fundamentales como los derechos humanos, combate a la corrupción, libertad de expresión, y de fiscalización a la cosa pública.
De manera artera, la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social , Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
De un manotazo déspota la mal llamada Cuarta Transformación con presencia en el Congreso de la Unión reitera la traición a los mexicanos al sucumbir ante la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum quien concreta la labor que inició su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, consistente en acabar con los instrumentos ciudadanos de vigilancia y contrapeso, colocando a México en la mira y preocupación internacional por salirse de la ola universal de transparencia y combate a la corrupción.
Sin pena alguna, los diputados federales de Morena y de los partidos Verde y del Trabajo, que fueron electos por la decisión popular que los mandata a cuidar los intereses del pueblo, decidieron respaldar a una sola persona, a la presidenta Sheinbaum, y darle la puñalada en la espalda a millones de mexicanos cuya lucha cívica logró las lupas de entes independientes dedicadas a impedir los malos manejos de recursos públicos.
En Sinaloa habrá que pedirles que expliquen tal traición a la ciudadanía los diputados federales Graciela Domínguez Nava, Ana Ayala Leyva, Fernando García Hernández, Felícita Pompa Robles, Jesús Alfonso Ibarra Robles, Olegaria Carrazco Macías, Adasa Saray Vázquez y Karina Isabel Martínez Montaño, así como a los senadores Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez, a quienes les corresponderá ratificar en el Senado el ataque a entes autónomos. Además, la memoria colectiva los retendrá para llegado el momento cobrar la afrenta consumada.
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