Al superar las 500 desapariciones forzadas derivadas de ola de violencia que inició en Sinaloa el 9 de septiembre, la situación escala al nivel de crisis humanitaria y requiere de una gran intervención de las autoridades federales y estatales para detener la embestida criminal que aparte de afectar a familias de las víctimas generaliza el miedo en la población en general debido al binomio de delito más impunidad.
Los casos de privación ilegal de la libertad son más que los reportes de homicidios dolosos, con 425 registrados desde que inició el choque entre células del Cártel de Sinaloa, abonándole al sentimiento de desprotección que principalmente en Culiacán se mantiene latente porque ni la numerosa fuerza pública ha hecho posible que retornen los márgenes adecuados de seguridad y confianza en el gobierno.
El recuento diario de la violencia al que se suman mil 323 vehículos robados, asaltos e incendios en domicilios, robos al comercio, vías de comunicación bloqueadas y circulación permanente de grupos de civiles armados rebasa también la capacidad de resistencia de los sinaloenses e instala la idea de que militares y policías son superados por la capacidad de la delincuencia organizada para atentar contra la vida y el patrimonio de la gente pacífica.
Mientras la ciudadanía intenta retomar algunos espacios de convivencia, educación y trabajo, como es el caso de la alta respuesta social que tuvo ayer el evento “Jalemos con la banda”, dedicado a apoyar a músicos y meseros, las instituciones gubernamentales y quienes las presiden son reflejadas con las manos atadas en lo que corresponde a la tranquilidad y legalidad comprometidas en Sinaloa.
Sinaloa no puede seguir así y restablecer la seguridad pública es obligación primaria de los gobiernos federal, estatal y municipal, acudiendo a los recursos legítimos disponibles para someter a la delincuencia. Con el sólo dato que aportan la Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía General del Estado y cuatro colectivos de búsqueda, de 504 desapariciones forzadas, el Estado mexicano debiera instrumentar sin mayor demora la gran operación para recuperar la paz y el predominio de las garantías constitucionales.
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