Al cumplirse hoy cuatro meses de la crisis de la seguridad pública en Sinaloa, todo indica que el Gobierno del Estado procede a activar medidas diferentes a las de contención de la violencia de alto impacto a través del uso de la fuerza pública, apostándole a que los sectores productivos recuperen condiciones para continuar operando después de más de 120 días que llevan a los negocios a cerrar actividades, dejar de generar empleos y no aportar al desarrollo.
La realidad exige atender multifactorialmente el fenómeno de la violencia sin dejar de ver el saldo de la llamada narcoguerra que registra que la acción criminal se resiste a detener la jornada terrible que hasta el 7 de enero reportaba 690 homicidios dolosos, 806 víctimas de desapariciones forzadas, 2 mil 291 vehículos robados, 209 presuntos delincuentes detenidos y 47 abatidos.
En este contexto el gobernador Rubén Rocha Moya presentó ayer el Plan de Reactivación Económica de Sinaloa que consiste en la inversión de parte de los gobiernos federal y estatal por 76 mil 902 millones en programas sociales e infraestructura pública, capitales extranjeros de 8 mil 392 millones de dólares en diferentes proyectos a desarrollarse dentro de los próximos tres años, y contratación de un crédito por 2 mil 300 millones de pesos para obras públicas en los 20 municipios.
Para algunos líderes de sectores empresariales la aportación del gobierno debería ser la certidumbre que permita recuperar el ritmo normal de la economía y sí, pero la presente circunstancia de grave deterioro de la seguridad pública no es de tomar una opción u otra sino de instrumentar las posibilidades a la mano para iniciar el proceso de construcción de paz donde el crecimiento económico sea dispersor de bienestar para las familias y elemento propulsor de legalidad y civilidad.
La seguridad pública es el propósito común a alcanzar y el Plan de Reactivación Económica debe ser asumido como parte importante de la suma de acciones entre gobierno y sociedad para salir no del hondo bache de la violencia porque la expectativa debe centrarse en la no repetición del salvajismo que ahora indistintamente convierte en víctimas a todos y todo en Sinaloa. ¿O queremos un modelo de paz donde la apuesta única sea la respuesta militar y policial a la delincuencia organizada?
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