El impacto que tendrá en el presupuesto de Sinaloa para 2025 el cobro por más de dos mil millones de pesos que le hará al Gobierno del Estado el Sistema de Administración Tributaria, es un tema que adquiere relieve a raíz de que el gobernador Rubén Rocha Moya Moya solicitó al Congreso que le autorice a contratar un crédito bancario por 2 mil 300 millones de pesos para resarcir dicha merma económica.
Es decir, en el contexto de los daños que deja la violencia derivada de la confrontación entre células del narcotráfico, se le ocurre al SAT aplicar la multa por operaciones irregulares que realizó en el pasado, en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, el Sistema de Administración Tributaria, golpeando las finanzas estatales cuando más robustas se les necesita.
El SAT, en vez de proceder a que la pague quien la debe, actúa arbitrariamente al aplicarle la multa al gobierno local en la circunstancia de emergencia por la guerra en el Cártel de Sinaloa que reclama bastante inversión pública para la reactivación de lo económico y social, orillando a Rocha Moya a acudir al endeudamiento como única alternativa de atención a necesidades apremiantes.
Por tal arbitrariedad del SAT algunos líderes de opinión han alzado la voz, siendo el caso del diputado local del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, que considera que Quirino Ordaz debe asumir “cierta carga de responsabilidad, ya que las irregularidades ocurrieron durante su gestión”.
Sinaloa lo que necesita hoy es la articulación de las mayores voluntades posibles en la reactivacion de los quehaceres legítimos de la sociedad, sin que sean obstaculizadas por situaciones absurdas como la que impone el SAT. Lo mínimo que la institución de recaudación fiscal puede hacer es aplazar o exonerar el cobro de la multa, o cobrarla a aquellos que en realidad la deben.
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