Los acuerdos resarcitorios que la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado determinaron para que funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en activo o en calidad de ex, libren los procesos penales por posibles delitos de corrupción, exhiben la elasticidad de la procuración e impartición de justicia que está sujeta a arreglos políticos que marcan distancia de la ley.
Ayer, un juez determinó que el rector de la UAS, Jesús Madueña, y el ex rector Juan Eulogio Guerra, sean eximidos de responsabilidad en 11 procesos por presuntas compras irregulares que superan los 500 millones de pesos, a cambio sólo de que acudan a firmar ante el juzgado y residan en el mismo lugar, durante seis meses.
Un día antes se resolvió en el mismo caso suspender las acciones judiciales contra ocho integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, también acusados de daños al patrimonio de la casa de estudios, esto a cambio del pago de 20 millones de pesos entre todos, en un plazo de seis meses.
Es verdad que el sistema de justicia contempla la alternativa de la reparación del daño ecónómico en delitos que afectan las finanzas públicas, pero igual de cierto es que este tipo de acuerdos alientan la impunidad y dejan en desprotección a las víctimas, en este caso a la UAS, privada del dinero que debió ser destinado a la educación de calidad.
Los arreglos que en lo oscuro de las entrañas del gobierno dispensan a saqueadores de erarios envían señales a perpetradores de corrupción que interpretan las exenciones como “hoy roba, mañana pagas poquito y en abonos”, aberración jurídica que abate la confianza en la justicia. En todo caso, si las carpetas de investigacion abiertas contra servidores públicos de la UAS iban a terminar así, ¿porque no pactaron la impunidad desde el principio?
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