El domingo 2 de marzo, mientras en Mazatlán se realizaba el Carnaval con adecuados márgenes de seguridad pública, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, fueron encontrados asesinados los tres elementos de la Policía Municipal que habían sido privados de la libertad por parte de delincuentes desde el viernes 28 de febrero.

Las víctimas, dos hombres y una mujer, dan testimonio de la crueldad y dominio que sostienen las dos células criminales que se enfrentan dentro del Cártel de Sinaloa, pero igualmente refrendan la vulnerabilidad de la parte más débil de la seguridad pública que es expuesta a la narcoguerra sin contar con las condiciones para participar en la contención de ésta.

El contraste entre la fiesta carnestolenda que hasta hoy ha transcurrido con condiciones de paz para los asistentes, y la secuela violenta que priva de la vida a policías y civiles, de ninguna manera significa la fatalidad que se le asigne a Sinaloa embozada como normalidad bajo el discurso de que estamos recuperando márgenes aceptables de tranquilidad y legalidad.

La expectativa de vivir seguros sigue como la principal aspiración de los sinaloenses pacíficos, y la incumplida obligación de los gobiernos federal, estatal y municipales, en tanto la actividad de los criminales siga dejando el rastro de sangre y plomo que impide el desempeño ciudadano en sus quehaceres legítimos para el progreso y la civilidad.

El Carnaval de Mazatlán le inyecta ánimos al turismo como uno de los principales motores de la economía estatal y representa la luz de esperanaza para el resto de los sectores productivos, sin embargo, el ataque letal a policías recalca la inconclusa e imperfecta acción del Estado para protegernos a todos. Y casi seis meses de narcoguerra a nadie le inspiran confianza cuando le dicen que Sinaloa está por librar la crisis de inseguridad.

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