Poder Judicial en campaña: borrar toda independencia entre poderes

Al arrancar la fase de campañas de las candidatas y candidatos a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanza también la percepción popular en el sentido de que será una elección a modo para que la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Movimiento Regeneración Nacional concentren el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cerrando la pinza de la anulación de la independencia entre poderes.

A contracorriente de la postura nacional e internacional que advierte la farsa de designación de magistrados y jueces como rasgo de la dictadura mexicana en ciernes, la llamada Cuarta Transformación tiene listo el tinglado para que aquellos aspirantes que le son serviles resulten beneficiados con la democracia simulada y completen el modelo de justicia dictada por y desde el gobierno.

Al Estado de derecho que aspira la 4T es aquel que le acaban de aplicar al ex gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cerrando filas Morena en torno el ex futbolista para conservarle el fuero constitucional que evite que el ahora diputado federal sea investigado y enjuiciado por delito de violación en grado de tentativa del que lo acusa una mujer integrante de su familia.

La justicia como herramienta de ajuste de cuentas contra los adversarios políticos, a los que la Corte combatirá con todos los recursos del Poder Judicial, y la que exenta los delitos de los miembros del círculo rojo de la política mexicana ceñidos a la línea presidencial, quienes reciben ya un enorme marco de impunidad de parte de tribunales cuyos juicios se les dictan desde el despacho principal de Palacio Nacional.

Esa es la “transformación” de la justicia que ofrecen, por ejemplo, las ministras en funciones Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, al empezar la proyección personal con miras a que los ciudadanos les den los votos para continuar en dichos cargos. Lo lograrán de seguro a través de unos cuantos incautos y la gran operación presidencial para cortar de tajo toda institución que represente autonomía, independencia, fiscalización y oposición.