Siete meses de narcoguerra: la violencia es mucho más que números

El manejo de la violencia que ocasiona la guerra interna durante siete meses en el Cártel de Sinaloa se ha estancado tanto en el gobierno que no va más allá de contar a los muertos y los resultados de los operativos, como en los ciudadanos que realizan el arqueo de los días transcurridos y las pérdidas en seguridad, legalidad y gobernabilidad además de vidas humanas, bienes y sobre todo menoscabos en la confianza.

Los 222 días transcurridos desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha sustentan la cronología trágica de un Sinaloa que vive la peor crisis de la historia en cuestión de desvanecimiento del Estado de derecho y prevalencia del crimen organizado, avanzando la incertidumbre al punto en que ningún sinaloenses y ninguna de sus actividades lícitas puede decirse a salvo de la crueldad delincuencial.

Si esta situación fuera sólo números, la estadística opera para que la esperanza decaiga al ras del abatimiento generalizado: mil 087 homicidios dolosos que promedian 5.2 diarios; mil 123 personas privadas de la libertad, 5.9 al día; 4 mil 114 vehículos robados, 19.5 cada 24 horas, y el inventario de asaltos, robos, masacres, bloqueos a vías de comunicación y cámaras de videovigilancia operadas por el narcotráfico.

La narcoguerra configura una crisis humanitaria sin paralelo en la tierra de los once ríos por los hogares enlutados, familias que pierden a los suyos, niñez agregada a los caídos por el salvajismo, privaciones ilegales de la libertad que remueven la herida dolorosa de las desapariciones forzadas, mesas sin el sustento por la caída de empleos, y empresas pequeñas, medianas o macros que se ven obligadas a suspender operaciones.

Esto es lo que está ocurriendo mientras que las instituciones cuya función es proteger la vida de la gente de bien y sujetar a la ley a los generadores de violencia acomodan las circunstancias y estadísticas a como les resulten cómodas, reduciendo la emergencia nacional en seguridad pública a cifras insensibles y sin sentido. Los gobernantes y dependencias federales, estatales y municipales son buenos para el cómputo de daños, pero incapaces para decirle a la población pacífica cuándo volverá a vivir tranquila.