Culiacán, Sin.- En Sinaloa, varios funcionarios públicos han enfrentado procesos judiciales por corrupción. Entre los casos más notorios se encuentran exalcaldes, exsecretarios de gobierno y autoridades universitarias. Algunos han sido señalados por desvío de recursos, otros por compras irregulares y otras faltas graves.

A pesar de las acusaciones, pocos han recibido castigos ejemplares. Muchos casos terminaron con suspensiones condicionales, pagos por reparación del daño, acuerdos con gobernantes como Quirino Ordaz Coppel o simplemente quedaron impunes.

Estos hechos también han sido señalados como una falta rendición de cuentas desde el periodismo y organizaciones de la sociedad civil, generando una desconfianza social que sigue creciendo por la impresión de que, en ocasiones, se usa el Poder Judicial como un instrumento político.

A continuación, hacemos un recuento de los casos de servidores públicos que enfrentaron vinculaciones a proceso desde el gobierno de Jesús Aguilar Padilla hasta el de Rubén Rocha Moya.

Caso Gerardo Vargas Landeros

El caso del ex presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se ha convertido en la acusación más reciente sobre corrupción por parte de un alto servidor público en el gobierno de Rubén Rocha Moya, cuyo proceso ha sido similar al de los otros ex alcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo el “Químico” Benítez.

Primero, la Auditoria Superior del Estado (ASE) denunció ante la Fiscalía  General del Estado una compra irregular de 126 patrullas a un costo de 171 millones de pesos en el primer periodo de gobierno de Vargas Landeros, en 2021. A los días, la FGE solicitó al Congreso del Estado desaforar al hoy ex alcalde para comenzar un juicio en su contra.

El llamado de un Juez de Control a otro alto funcionario del gobierno de Mario López Valdez posiblemente está por iniciar por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública, mientras el acusado ha señalado que con la frente en alto y con la certeza de obtener resoluciones favorables, “defiendo su honor e imagen”.

Caso UAS y el Comité de Adquisiciones

En el gobierno de Rubén Rocha Moya los casos de corrupción perseguidos por la ley más mediáticos han sido contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que en total sumaron 10 vinculaciones a proceso, cuyos implicados van desde el rector actual, Jesús Madueña, y otros 9 implicados.

Estos fueron acusados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de varias compras a sobre precio mediante adjudicación directa por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, violando los umbrales permitidos por la ley.

Tortillas, carnes, computadoras de escritorio, laptops, impresoras, cartuchos, entre otras compras, fueron los productos que estuvieron en medio de los debates judiciales que se generaron al interior de las audiencias por casi 2 años, pues en conjunto sumaban un presunto daño calculado en 535 millones 784 mil 433.75 pesos.

Finalmente, con un proceso de reforma a la Ley Orgánica de la UAS en medio de estas vinculaciones a proceso por parte del Poder Legislativo, en enero de 2025, el juez que llevaba los casos aprobó la suspensión condicional del proceso del rector Madueña y demás implicados bajo una reparación del daño de 20 millones de pesos.

Caso Jesús Estrada Ferreiro

Si bien el ex alcalde de Culiacán fue vinculado a proceso por varios casos, particularmente uno fue por Desempeño irregular de la función pública por arrendamiento de camiones recolectores de basura.

Estrada Ferreiro fue vinculado por adjudicar directamente, sin licitación, un contrato de 117 millones de pesos para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura a la empresa Ketzer S.A. de C.V.

Cabe destacar que el proceso judicial continúa en la etapa de investigación complementaria. No se han impuesto medidas cautelares contra Estrada Ferreiro ni contra los otros exfuncionarios implicados.

Azteca Lighting: Caso “Químico Benítez”

El exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, fue vinculado a proceso el 22 de agosto de 2023 por el delito de desempeño irregular de la función pública, relacionado con la compra directa y sin licitación de 2,139 luminarias a la empresa Azteca Lighting, por un monto de 435.6 millones de pesos. Junto a él, también fueron vinculados varios exfuncionarios de su administración.

Posteriormente, dos exfuncionarios vinculados obtuvieron beneficios legales al colaborar con la Fiscalía y declarar en contra de Benítez Torres. Gracias a su cooperación, se les suspendió el proceso penal y se levantaron las medidas cautelares en su contra.

Mientras tanto, el proceso judicial sigue en curso. El 14 de junio de 2024, la Jueza Segunda de Distrito, Fernanda Goretti Ávila, otorgó un amparo al exalcalde contra su vinculación a proceso por la compra irregular de luminarias a la empresa Azteca Lighting.

El amparo señala que la vinculación se basó en una violación al Reglamento de Adquisiciones del municipio, lo cual no es procedente para acusarlo de desempeño irregular de la función pública. Como resultado, se ordenó al juez de control local emitir una nueva resolución conforme a la ley estatal.

Ex tesorero de Escuinapa

En 2019, el ex tesorero del municipio de Escuinapa, Sergio Barrón Gutiérrez, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y falsedad de autoridad; la Fiscalía lo acusó de simular un hackeo de una cuenta del Ayuntamiento sustrayendo 3 millones de pesos del erario público.

De acuerdo a la FGE, esto habría ocurrido en 2016, año en que el imputado hizo 9 transferencias electrónicas que no fueron reconocidas por dicho Gobierno Municipal.

Sin embargo, en 2020, un Juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso al ex funcionario municipal, ya que supuestamente no hubo datos de prueba suficientes para presumir dichos delitos. Por su parte, la FGE tampoco ya investigó sobre este caso dándolo por finalizado.

#ColchonGate

En 2018, tras el paso de la tormenta 19-E en Sinaloa, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel ordenó la compra de colchones para los damnificados, sin embargo, éstos por dentro se encontraban podridos despertando la indignación de los afectados, ventilándose a su vez un caso de corrupción que generó la renuncia del entonces secretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Raúl Carrillo Castaños.

Durante dos años, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo únicamente una acusación contra el ex coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas, por dos delitos y pedía 14 años de cárcel. La Fiscalía alegó que Castro compró colchones usados a 2.9 millones de pesos, en aparente beneficio de un conocido suyo, mientras la defensa insistía en que solo cumplía órdenes.

A pesar de esto, en 2019, el ex funcionario fue absuelto de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas por el juez, quedando este caso en la impunidad y sin ningún otro responsable.

Caso Villarreal

Armando Villarreal Ibarra fue secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Mario López Valdez (MALOVA); en 2019, fue acusado por la Fiscalía General del Estado por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Desempeño Irregular de la Función Pública, por el desvío de 293 millones 479 mil pesos del erario público, en 2016.

En 2021, la entonces jueza Sara Bruna Quiñonez autorizó una suspensión condicional del proceso con la que evitó ir a juicio, luego de que se llegara a una negociación entre el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la Fiscalía General del Estado que dirigía Juan José Ríos Estavillo, y Villarreal Ibarra junto con sus ex colaboradores Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez, también acusados por el mismo caso.

Aunado a ello, los imputados pagaron 2 millones de pesos y publicaron una disculpa pública para evitar la cárcel.

Caso Ernesto Echeverría Aispuro

Ernesto Echeverría Aispuro fue secretario de Salud en el gobierno de Mario López Valdez (MALOVA). Durante el primer año del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en 2017, La Fiscalía General del Estado giró una orden de aprensión contra el entonces ex funcionario.

La FGE lo acusó del delito de ejercicio indebido del servicio público por firmar y aprobar contratos a favor de empresas de las que fue socio previo a ser funcionario, licitaciones por 87.2 millones de pesos, las cuales también beneficiaron a su ex socio Luis Javier Salido Artola.

No obstante, en 2019, Echavarría negoció con el gobierno de Quirino Ordaz Coppel para poder evitar un juicio a través de una “salida alterna”. El médico aceptó pagar la mitad de la reparación del daño, que la Fiscalía estableció en 14 millones de pesos. En 2020 el ex secretario de Salud murió de Covid-19 en un hospital privado de Culiacán y el pago no se concretó.

Caso Luis Ángel Pineda Ochoa (LAPO)

Luis Ángel Pineda Ochoa (LAPO) se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado durante la administración del gobernador Mario López Valdez (MALOVA). Es el único caso en Sinaloa de un alto funcionario que haya sido encarcelado por corrupción.

Durante el primer año del gobernador Quirino Ordaz Coppel, en 2017, LAPO fue acusado por la Fiscalía General del Estado del delito de Desempeño Irregular de la Función Pública por haber desviado 8 millones 651 mil pesos del erario público a tres campañas publicitarias que nunca se realizaron.

En 2019, el ex funcionario fue sentenciado a 13 años de prisión e inhabilitado para ocupar cargos públicos en 27 años; sin embargo, tras varios amparos por parte del acusado, fue hasta 2023 que finalmente condenado a 8 años de prisión.

Caso Tiburionario de Mazatlán

En 2017, con apenas 40 días de haberse inaugurado, los cristales del tiburonario de Mazatlán colapsaron con 18 tiburones tigre, gato, toro y 700 especies de peces más, perdiéndose así una inversión de 80 millones de pesos.

Por este hecho, la Fiscalía General del Estado imputó a tres ex funcionarios: Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex Jefe de Seguimiento Documental de Contratos; y Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, acusándolos de ejercicio indebido del servicio público por presuntas irregularidades en la licitación de la obra. La FGE calculó un daño por 34 millones de pesos.

Durante el proceso judicial, los imputados ofrecieron diversas propuestas de reparación del daño, siendo finalmente aceptada la compra e instalación de cámaras de vigilancia por un valor de 717 mil pesos, destinadas al nuevo pingüinario en construcción. Aunque en un inicio un juez había ordenado una reparación por 3 millones de pesos, un juez federal revocó esa decisión y validó la propuesta de menor monto.

El entonces director del Acuario, Juan Pablo Rojo, y el representante legal Ángel Servín, reconocieron que los funcionarios imputados no eran los principales responsables del colapso, señalando, en cambio, a los constructores y a otros servidores públicos no procesados.

A pesar de que las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México, encargadas de la construcción de la parte colapsada, fueron señaladas por irregularidades en auditorías, la Fiscalía nunca ejerció acción penal en su contra.

Finalmente, tras la aceptación del acuerdo reparatorio y la instalación del equipo, el juez dictó el sobreseimiento total del caso, cerrando la causa penal sin sanciones para los responsables directos del diseño defectuoso y la mala ejecución de la obra, cuyo costo total ascendió a más de 34 millones de pesos.

Caso Héctor Ponce Ramos

Héctor Ponce Ramos fue ex secretario de Salud en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla. En 2013, fue acusado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de desempeño irregular de la función pública por presuntamente desviar 16 millones de pesos estando en funciones.

Sin embargo, al ex funcionario le fue concedido un amparo por un juez federal contra una orden de aprehensión en su contra, fijando un pago de garantía de 5 mil pesos.

Tras varios años más de seguir el proceso judicial en libertad, en 2016, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa exoneró al doctor Ponce Ramos. Posteriormente, hizo circular un video donde acusó ser víctima de una persecución política, difamación y calumnias.

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