Topolobampo, Sinaloa.- Los pueblos Mayo-Yoreme afectados por la construcción de la Planta de Amoniaco en la bahía de Ohuira buscan que el Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción (KfW) retire el financiamiento otorgado al proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El argumento es que este no respeta las directrices de la institución bancaria de garantizar la protección de la biodiversidad y el bienestar de comunidades locales y pueblos originarios pues, aunque actualmente el proyecto está en etapa de construcción, ya está generando afectaciones al limitar las áreas de recolección de almeja de los pobladores.

A través de una petición de firmas en la plataforma Change.org promovida por el Consejo Ciudadano de Ecología en Sinaloa, los solicitantes alertan que la construcción del proyecto, que busca producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día, generará “un ecocidio, riesgo para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo originario Yoreme quienes habitan los territorios de la Bahía de Ohuira”.

A una semana de lanzada y hasta este martes 6 de mayo, la campaña había recolectado casi mil 300 firmas de ciudadanos interesados en la protección del patrimonio biocultural, en su mayoría desde México, pero también desde países como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Ecuador, y una veintena más de naciones de Europa, Norteamerica y Sudamerica.

Además del retiro del financiamiento por parte del banco alemán KfW, la petición dirigida al Ombudsperson del KfW, Arndt Brillinger; al director de Sostenibilidad del KfW, Jürgen Kern; al Oficial del Alto Comisionado de la Naciones Unidos México para los Derechos Humanos, Jesús Peña; al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Defensores Ambientales en el marco de la Convención Aarhus, Michel Forst; y a la presidenta de México, Semarnat y Profepa, también exige que las autoridades mexicanas suspendan el proyecto y sancionen las actividades ilícitas de daño ambiental que ya fueron denunciadas por los habitantes de las comunidades.

Actualmente, indicó a Espejo Melina Sandoval, pescadora de la comunidad de Lázaro Cárdenas y líder de la comunidad Mayo-Yoreme, los trabajos de construcción de la planta continúan afectando ya su actividad pesquera.

Entre estos, están la construcción dos tanques de almacenamiento y de una plataforma para la cual se destruyeron más de 20 hectáreas de manglar. Esto ha generado el desplazamiento de aves migratorias que anteriormente se encontraban en la llamada Isla de Patos y que, ante la poca disponibilidad de alimentos por la construcción, ahora se encuentran más lejos, en la Isla de Bledos.

“Es lo primero que hemos observado. Ahorita todavía no trabajan, no producen. Están trabajando en la construcción de la planta, y a simple vista es el primer impacto que nosotros hemos visto, el relleno del humedal de ese bajo, el desplazamiento de las aves y todo eso era recolección de almeja de la más cercana a los pobladores de Topolobampo”, explicó.

Antes, cuenta la mujer, llegaban en sus embarcaciones y se refugiaban en los árboles de manglar. Hoy solo tienen una explanada de piedra.

Acción legal detenida

Al observar que los procesos legales en contra de la construcción de la planta de amoniaco se encuentran detenidos, los pobladores de las comunidades afectadas buscaron llevar el tema al ámbito internacional, en una solicitud de firmas en tres idiomas: español, inglés y alemán.

Melina Sandoval señala que su lanzamiento fue un proceso de alrededor de un mes y medio, en el que buscó el apoyo de organizaciones ambientalistas, como el Consejo Ciudadano de Ecología y colectivos de Alemania, que la pudieran ayudar a lanzar la convocatoria.

“Sacamos está iniciativa con apoyo del colectivo, mediante charlas… Duramos así como un mes y medio para lograr hacer la petición, hacer la carta, fue un trabajo en conjunto”, contó Melina.

“Nuestra pretensión es que esta petición llegue a Alemania y otros países, y hacer más ruido pues, hacer más ruido hasta allá”, añadió.

La construcción del proyecto se inició en el año 2015 con permisos otorgados sin haber hecho primeramente el proceso de consulta con los pueblos indígenas afectados.

Debido a esto las comunidades de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de oposición al proyecto que, en abril del 2022, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara los permisos otorgados.

Pero ante esto, la Corte ordenó a la Secretaría de Gobernación realizar la consulta indígena, incluyendo también a pueblos que se encontraban fuera del área de impacto de la planta.

Realizada a finales del 2022, la consulta obtuvo la aprobación de 8 comunidades y el rechazo de los cuatro más cercanos al área del proyecto: Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones y Juan José Ríos.

Tras esto, en agosto del 2024, un juez federal dio por superada la consulta, con lo que la empresa pudo continuar con los trabajos de construcción.

Actualmente, los pueblos Mayo-Yoreme mantienen diversos juicios de amparo interpuestos en contra de la planta, pero estos no limitan que la construcción siga avanzando.

“Uno está en la Ciudad de México en un tribunal colegiado, el otro en un tribunal de Mazatlán, y estamos por iniciar uno más contra autoridades municipales por los permisos que doó sin una consulta indígena”, dijo Sandoval.

Además de estos amparos, las comunidades también interpusieron un juicio ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por invasión de zona federal y una queja con el relator especial de la ONU para defensores ambientales.

Las comunidades también se encuentran en espera de informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, luego de que representantes de este organismo visitaran la Bahía de Ohuira a finales del 2024 con el fin de revisar las condiciones en las que se estaba llevando a cabo la construcción de la planta de amoniaco de Gas y petroquímica de Occidente (GPO).

“Así más o menos va el proceso con GPO. Pero pues sí, ha estado como en stand by”, indicó.

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