El fuerte impacto de la violencia en Sinaloa en lo económico y social debe ser reconcido por el gobierno de Rubén Rocha Moya y los alcaldes de los 20 municipios, como punto de partida en acciones también de gran calado que logren la recuperación yendo mucho más allá de remedios coyunturales que atienden los daños menores.

El Índice de Paz en México aporta el informe verídico, sustentado en evidencias, que expone que Sinaloa retrocedió al lugar 22 entre las entidades más afectadas por la comisión de delitos mediante la violencia que revelan fallas estructurales en la seguridad pública, destacando
la tasa de homicidios que entre septiembre y diciembre de 2024, registró un aumento del 80.6 por ciento en asesinatos, al pasar de 17.4 a 31.4 muertes por cada 100 mil habitantes.

En lo económico, donde la planta productiva en general reporta afectaciones, se estima que la inseguridad le ha costado a Sinaloa 122 mil millones de pesos, suma que representa alrededor del 23.57% del Producto Interno Bruto estatal, tomando como referencia el último dato económico publicado por el INEGI.

Estos datos no deben ser invisibilizados por los gobiernos estatal y munucipales, sino reconocerlos en su autenticidad y aceptar el reto de sumar a la sociedad a la fase de reconstrucción del tejido social para que transite rápido la entidad al menos a las condiciones de desarrollo y tranquilidad existentes antes de la llamada narcoguerra.

La realidad que muestra el Índice de Paz es la advertencia a detener la criminalidad que priva de la vida a personas de bien y despoja del patrimonio e inhibe a la economía como nunca antes. Es el ultimátum a poner manos a la obra para evitar el inminente colapso derivado del brutal choque en el Cartel de Sinaloa que lo estremece todo, sin distingos.

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