M.C. María del Refugio Manjarrez Montero
Vicepresidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.

Los números no mienten: el primer trimestre de 2025 confirma que Petróleos Mexicanos (Pemex) no es solo una empresa en crisis, sino un lastre económico de proporciones históricas. Con pérdidas por 43,300 millones de pesos (frente a utilidades de 4,700 millones en el mismo periodo de 2024), una deuda total que ya alcanza 2.05 billones de pesos (5.7% del PIB) y un deterioro operativo que se refleja en caídas del 11.9% en producción de crudo y 7.7% en gas natural, la petrolera estatal se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo la intransigencia puede hundir incluso a los gigantes.

Pero más allá de los balances, lo verdaderamente alarmante es el costo de oportunidad que México paga por mantener con vida a Pemex. Los 80,000 millones de pesos inyectados en el primer trimestre de 2025 (casi el 59% del presupuesto anual destinado a la empresa) representan recursos que podrían haber transformado sectores estratégicos del país. Esa suma equivale al presupuesto anual de 32 hospitales de alta especialidad, la construcción de 1,000 km de vías férreas modernas o la instalación de parques solares capaces de abastecer a 2 millones de hogares. En cambio, se han evaporado en una empresa que no solo no genera valor, sino que destruye riqueza: desde 2019, el gobierno ha destinado 1.46 billones de pesos a rescates que solo han servido para postergar lo inevitable.

El deterioro no es solo financiero, sino ambiental. Mientras las petroleras globales reducen emisiones, Pemex aumentó 28.9% sus emisiones de óxidos de azufre y sigue quemando 7.9% del gas que extrae, un desperdicio que en cualquier otra industria sería penalizado. En un mundo que avanza hacia energías limpias, México insiste en subsidiar un modelo extractivista del siglo pasado, con consecuencias que ya son palpables: la calificación de B3 (especulativa) de Moody’s solo se sostiene por el aval gubernamental; sin él, Pemex estaría al borde del default técnico.

La pregunta ya no es si Pemex puede rescatarse, sino cuánto más está dispuesto a sacrificar México por negar su inviabilidad. La solución no pasa por más subsidios, sino por una reestructuración radical: deshacerse de activos obsoletos, atraer capital privado para yacimientos complejos y reorientar recursos hacia la transición energética. Si el gobierno insiste en el camino actual, no solo condenará a Pemex a una muerte lenta, sino que hipotecará el futuro energético del país. El nacionalismo petrolero fue útil en 1938; hoy, es solo una ideología costosa que frena el desarrollo. México merece una política energética basada en realidad, no en nostalgia.