El ingreso de tecnología de comunicaciones a los penales de Sinaloa es parte de la fallida estrategia local para abatir los delitos que se ejecutan desde los centros penitenciarios, entre éstos la extorsión contra la cual ayer anunció el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, el plan nacional de prevención y combate.
La estrategia federal está bien planteada en el papel, es pertinente por la alta incidencia de tales ilícitos que afectan el patrimonio y le integridad de personas y grupos, no obstante que deberán evaluarse los resultados en corto plazo para decidir si le merman capacidad operativa a la delincuencia organizada o bien se trata de una reacción trazada sobre las rodillas.
A pesar de que en Sinaloa se han efectuado diferentes cateos a las instalaciones penitenciarias con el aseguramiento de teléfonos celulares, dispositivos de internet satelital, módems, memorias USB, tarjetas SIM y computadoras que supuestamente son utilizadas para la extorsión perpetrada tras las rejas, el problema sigue siendo las puertas abiertas que permiten el rápido reabastecimiento.
Por lo pronto tiene razón García Harfuch al declarar que la decisión de lanzar la Estrategia Nacional contra la Extorsión responde, en parte, “a la falta de resultados por parte de autoridades locales para frenar el ingreso de teléfonos celulares a los centros penitenciarios, así como al fracaso de las medidas para inhibir las señales telefónicas en dichos espacios”.
Más que enunciar la falla, los gobiernos federal y estatal están obligados a eliminar la corrupción que permite el acceso de la tecnología telefónica y satelital a las cárceles, tan arraigada que en cuestión de horas los extorsionadores restauran sus inventarios para delinquir. Sin entrarle en serio a atacar ambas cabezas, el monstruo criminal seguirá vivo y reproduciéndose mientras las autoridades simulan que lo exterminan.
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