Después de que las cárceles sinaloenses han registrado hechos que evidencian la crisis del sistema penitenciario estatal, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que se optó por la reclasificación y reubicación de personas privadas de la libertad según los delitos que les acusan y el nivel de peligrosidad.

Las cárceles muestran situaciones de ingobernabilidad con motines, enfrentamientos, acopio de armas y drogas, así como la disposición ilimitada e incontenible de teléfonos y señal de Internet, repitiéndose la añeja autenticidad que las patentiza como universidades del crimen, distantes del propósito de la readaptación social.

El traslado de presos imputados por delitos federales, según expuso el gobernador, fue una medida que no tiene que ver con la sobrepoblación en los reclusorios sino por la riñas que derivan de la entrada de personas que traen una rivalidad desde afuera “y ya adentro esa rivalidad se busca completar de alguna manera.

“Y si nosotros no logramos tener debidamente limpio de armas adentro, pues eso nos genera un conflicto mayor”.

La decisión es adecuada aunque tardía y la solución que se busca podría lograrse si a la reubicación de PPL se le complementa con decisiones enérgicas que mantengan el orden en las instalaciones de ejecución de las consecuencias jurídicas de delitos, donde mafias internas y colusiones externan estorban a la rehabilitación y fomentan la agudización de conductas criminales.

Las cárceles sinaloenses llevan décadas convertidas en bombas de tiempo que ponen en entredicho la reinserción a la sociedad de sujetos que purgan castigos por delitos cometidos. A ningún gobierno le ha interesado atender esta “papa caliente” pues proceden heredarla de un sexenio a otro, lo cual hace crecer el problema en vez de resolverlo.