Desafortunadamente, entre más meses se prolonga la jornada de violencia de alto impacto que hoy llega a los 10 meses en Sinaloa, crece no sólo número de víctimas y afectaciones sociales sino también la delincuencia derivada del narcotráfico le sube el nivel a la crueldad, reto al gobierno y capacidad de someter mediante el miedo a la población pacífica.

La prolongada espera a que retornen condiciones adecuadas de seguridad y legalidad transmuta al hartazgo de verificar cada día cómo la fuerte presencia de fuerza pública no corresponde a avances en la protección de los ciudadanos y sus actividades esenciales, adquiriendo forma por cada día que pasa la percepción del Estado derrotado en su responsabilidad de garantizar la prevalencia de derecho, respeto y orden.

El recuento de las consecuencias de la narcoguerra resulta abrumador e intimidante en contrasentido de la urgencia de pacificar a Sinaloa: mil1 681 homicidios dolosos, mil 707 personas privadas de la libertad, 5 mil 977 vehículos robados y pérdidas incuantificadas en la economía que enfrenta quebrantos por la violencia y superposición de poderes de facto a autoridades legalmente designadas.

La violencia continúa al alza y prueba de ello es que en junio Sinaloa fue el estado con mayor índice de homicidios dolosos con 207 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mismo tiempo que se refuerza la miliarización de las corporaciones policiacas locales como sucede con la policía de Culiacán.

La fuerza pública federal y estatal hace el esfuerzo notable en materia de contención del delito, con mil 187 presuntos delincuentes detenidos y 97 abatidos, de acuerdo a sus informes no obstante que se nota más la belicosidad del narcotráfico. En resumen la realidad con sus propios datos informa que la narcoguerra continúa más intensa y por lo tanto los sinaloenses debemos ser más persistentes en la construcción de paz desde lo individual y colectivo.