Por Redacción / @Somoselmedio
Foto: @_ElenaRios

Seis años después de sobrevivir a un ataque con ácido sulfúrico que le cambió la vida, la saxofonista y activista María Elena Ríos enfrenta una nueva batalla contra la impunidad y el poder que protege a su presunto agresor, el exdiputado priista y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal, quien continúa evadiendo la justicia.

De acuerdo con denuncias públicas realizadas por Ríos, basadas en un comunicado de la organización EDUCA, familiares de Vera Carrizal amedrentaron e intimidaron a funcionarias de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México a mediados de julio. El incidente ocurrió durante una inspección en el hospital Santa Anita, en Santa Cruz Xoxocotlán, donde supuestamente el acusado se encuentra hospitalizado desde hace más de 10 meses tras ser liberado del penal de Tanivet.

En un video difundido en sus redes sociales, Ríos detalló que las funcionarias federales intentaban verificar la presencia real de Vera Carrizal y solicitar su expediente médico para comprobar las enfermedades que alega padecer. Sin embargo, fueron corridas y amedrentadas por la familia del exfuncionario, impidiéndoles cumplir con su labor.

“Ya se cumplieron más de 10 meses desde que este criminal logró salir del reclusorio con ayuda del juez Lorenzo Ramírez Cruz, fingiendo enfermedades que, por supuesto, no existen. Este martes 9 de septiembre se cumplen seis años desde que este feminicida intentó matarme con ácido sulfúrico. Seis años y la justicia aún no llega”, declaró María Elena Ríos en su cuenta de X.

La activista ha insistido en que, en repetidas visitas de inspección tanto al hospital Reforma como al Santa Anita, no se ha logrado ubicar a Vera Carrizal en las habitaciones asignadas. Además, ha observado la frecuente ausencia de la escolta de la Policía Estatal que debería vigilar que el acusado no escape, lo que pone en grave duda el operativo de seguridad y la veracidad de su estado de salud.

“Mientras yo llevo diez cirugías para reconstruir mi cuerpo, él lleva diez meses libre, protegido por un sistema que se presta a la corrupción, que no es eficiente y no garantiza justicia”, acusó Ríos, quien demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Poder Judicial del Estado que realicen su trabajo para que su agresor regrese a prisión.