Esta semana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Sinaloa, emitió una carta a los tres senadores de Sinaloa: Imelda Castro, Paloma Sánchez y Enrique Inzunza, para expresar sus preocupaciones con respecto a la reforma a la Ley de Amparo que se discutió en el Senado de la República. Pese a esta resistencia, los dos funcionarios oficialistas, Castro e Inzunza, dieron su visto bueno a la iniciativa en la votación de la noche de este miércoles, y ahora esta será pasada a la Cámara de Diputados.
Entre las preocupaciones expresadas por la Coparmex Sinaloa, presidida por Martha Reyes, se incluye que la nueva ley fiscal otorgue facultades ampliadas a las autoridades fiscales, que podrán imponer sanciones inmediatas sin control judicial, así como una posible saturación del sistema judicial que podría paralizar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Le solicitamos de manera atenta y respetuosa abrir espacios de diálogo con los sectores productivos y sociales antes de aprobar esta reforma. Una decisión de esta magnitud debe construirse con visión de Estado, garantizando el equilibrio entre la eficacia de la autoridad y la protección de los derechos ciudadanos”, se puede leer en cada una de las cartas enviadas por la Coparmex Sinaloa a los senadores representantes de la entidad, fechadas al 30 de septiembre.
Con todo, Imelda Castro y Enrique Inzunza, ambos senadores pertenecientes a Morena, el partido oficial y promovente de la reforma, votaron a favor de la misma. Paloma Sánchez, senadora del Partido Revolucionario Institucional, votó en contra. Con 76 votos a favor y con 39 en contra, la asamblea avaló las reformas en lo general. En lo particular con 70 votos a favor y 39 en contra.
Escrito íntegro enviado por Coparmex Sinaloa a los senadores de Sinaloa.
¿Qué es la reforma a la Ley de Amparo?
El juicio de amparo es un recurso legal mediante el cual cualquier persona en México puede defenderse contra actos de autoridad que vulneren sus derechos. Desde hace décadas, ha sido considerado uno de los principales instrumentos de protección ciudadana frente al poder público.
La reforma recién aprobada en el Senado plantea cambios de fondo al funcionamiento de este mecanismo:
- Digitalización total del proceso, con expedientes en línea que tendrán el mismo valor que los físicos.
- Plazos más cortos para que los jueces emitan sentencia, con un máximo de 90 días tras la audiencia constitucional.
- Interés legítimo más acotado, lo que exigirá demostrar afectaciones reales y directas para promover un amparo.
- Limitación de suspensiones, evitando que estas tengan efectos generales o que frenen actos de autoridad cuando se alegue afectación al interés social.
- Blindaje a reformas constitucionales, las cuales no podrán ser impugnadas vía amparo.
Mientras que el gobierno federal y senadores de Morena defienden que se trata de una modernización del sistema judicial que lo hará más ágil y transparente, organizaciones civiles, colegios de abogados y cámaras empresariales, como la Coparmex Sinaloa, advierten que la reforma reducirá las posibilidades de defensa de la ciudadanía, especialmente en casos colectivos o ambientales, y que puede debilitar los contrapesos frente al Ejecutivo.
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