Culiacán, Sinaloa.-  El 2025 dejó cifras récord en actividad delictiva en el estado de Sinaloa; los homicidios, feminicidio, robos de auto y la privación tuvieron una alza considerable durante el último año en contraste con la tendencia nacional, que va a la baja. Por ello, tras un análisis de las condiciones de inseguridad estatal, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), lanzó algunas recomendaciones que podrían encaminar las cifras a un estado de estabilidad.

Según datos recopilados por la CESP la violencia criminal esta desbordada.

En Sinaloa, solo en 2025, la Fiscalía General del Estado, recibió mil 653 denuncias por homicidio doloso.

6 mil 851 denuncias por Robo de Vehículo.

2 mil 208 denuncias por Privación Ilegal de la Libertad.

73 Carpetas de Investigación por feminicidio.

Estas cifras, además de una impunidad que es amplia y persistente,  son indicadores importantes de que la entidad no ha recuperado condiciones previas a la crisis y esta lejos de recuperarlas.

En temas de homicidios, está a más del 228 por ciento de distancia de los niveles de la meta mínima exigible, promedio mínimo mensual al que deberíamos regresar para considerar que un delito volvió al nivel previo de la crisis de inseguridad.

Los feminicidios están a más de 135 por ciento de distancia de la meta mínima exigible.

El Robo de autos está al 149 por ciento de la meta mínima; la desaparición forzada esta a más de 116 por ciento de esta misma meta.

Por ello, la CESP realizó algunas recomendaciones, aunque destacó un trabajo importante por parte de la autoridades estatales, destaca que, aún y cuando hay tendencias a la baja en ciertos delitos, permanecen en cifras complicadas.

“Siempre pongo de ejemplo cuando te ponen un 6 de calificación y te regañan tus papás, te defiendes de que, la ocasión anterior sacaste un 5. Obviamente tus papás no van a estar contentos, por que, aunque sacaste una calificación mayor, sigue siendo una calificación baja y eso mismo pasa con algunos delitos” Dijo Miguel Calderon, coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Entre las recomendaciones, se destacan las siguientes:

  • Fortalecer la procuración de justicia en el combate a la impunidad, con los porcentajes expresados que generan preocupación, como el robo de auto, con el 95.55 por ciento de impunidad, y de la Privación de la Libertad y Desaparición Forzada, 100 por ciento de impunidad.  Es muy importante implementar un modelo de investigación criminal basado en inteligencia que articule bases de datos, análisis de patrones y también lo creemos clave.
  • Exista una estrategia integral contra la violencia letal y el crimen organizado, diseñar una estrategia focalizada en reducción de homicidios en municipios prioritarios como Culiacán y Mazatlán, con operativos de control de armas de fuego, priorizando zonas con mayor incidencia.

“Esto también implicaría fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional para evitar fragmentación de la respuesta. Sin duda que hoy en dos mil veinticinco y en lo que va del dos mil veintisiete, hemos visto una mayor coordinación que hace quince o veinte años. Sin embargo, hay áreas de oportunidad en las cuales se podrían trabajar.” Dijo Miguel Calderon.

  • Implementar programas de prevención social de la violencia dirigidos a jóvenes en riesgo. Esto, dice CESP, no tiene que ver quizás con los delitos visibles, pero sí con lo que pasa en las familias, cómo se forman a los jóvenes, cómo se alejan del reclutamiento y del crimen organizado, especialmente en colonias con alta incidencia delictiva
  • Recuperar espacios públicos mediante infraestructura urbana, deporte y cultura, priorizando polígonos de alta violencia con programas específicos dirigidos a la inclusión y a la integración de los jóvenes y de sus familias.
  • Implementar una política integral de prevención y atención a la desaparición forzada y prevención ilegal de la libertad.
  • Un enfoque territorial y focalización de recursos. Priorizar los recursos. Según destaca la CESP, una de las principales quejas entre la ciudadanía e es que no hay capacidad financiera para atender todas las necesidades, por ello, se debe priorizar los recursos en municipios y colonias con mayor incidencia bajo criterios de evidencia.

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