Seguramente el sectetario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, traerá un informe donde destaca la reducción de los homicidios dolosas en Sinaloa, dejando de nuevo sin respuesta la interrogante que está en boca de todos respecto a cuándo llegará a su fin la narcoguerra que continúa mostrándose de alto impacto en los sectores social y económico.

En la agenda a desarrollar hoy en Culiacán el funcionario del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará junto con el gobernador Rubén Rocha Moya una reunión del Gabinete Federal de Seguridad Pública en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en el contexto de hechos de violencia que ayer privaron de la vida a un supervisor de operaciones de la Policía de Tránsito y al menos a cinco personas más.

García Harfuch repetirá el informe reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que afirma que en marzo Sinaloa salió de la lista de las siete entidades federativas que registran más homicidios en el país, grupo al que pertenecía desde el 9 de septiembre de 2024 cuando inició la pugna entre grupos del narcotráfico.

Sin embargo, la tranquilidad y seguridad no están garantizadas en Sinaloa mientras el crimen circule libremente con sus arsenales perpetrando en el lugar y hora menos pensados ataques que engrosan la incidencia de asesinatos, privaciones ilegales de la libertad, robo de vehículos, disparo de armas de fuego contra viviendas y uso de artefactos explosivos.

En Sinaloa ya no basta que el Gobierno hable de reducción en el número de delitos de alto impacto porque los que ocurren acentúan la crisis de la seguridad pública y el agotamiento de la sociedad que espera paz positiva y permanente. Después de más de año y medio de consecuencias terribles por el choque al interior del Cártel de Sinaloa, nadie quiere oir argumentos de violencia a medias sino de pacificación total y de largo plazo.