Culiacán, Sin.- La discusión sobre la nueva Ley de Transparencia en Sinaloa ya no se centra solo en su contenido, sino en la forma en que se construyó. Para Iniciativa Sinaloa A.C., el proceso estuvo marcado por la falta de apertura, la publicación tardía del documento y la ausencia de espacios de diálogo.

“Lo que vemos es una falta de apertura institucional, tanto del gobernador como del Congreso”, señaló Marlene León Fontes, directora de la organización civil, tras darse a conocer la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal y avanzar en su trámite legislativo.

La organización, que junto con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción impulsó una propuesta alterna, había solicitado desde meses atrás conocer el contenido de la iniciativa del Ejecutivo y participar en su construcción.

Sin embargo, no hubo respuesta. Fue hasta la sesión de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el 21 de abril, cuando se enteraron de que existía una propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya y que la iniciativa ciudadana había sido desechada.

“Estuvimos insistiendo en conocerla, pero nunca nos escucharon. No abrieron las puertas. Todo se hizo de la noche a la mañana, de manera muy atropellada”, afirmó.

Señaló que el tiempo transcurrido desde la reforma constitucional aprobada en diciembre pudo haberse utilizado para construir una propuesta conjunta.

En lugar de ello, acusó, se optó por una iniciativa unilateral que, dijo, quedará bajo control del propio gobierno.

“Es irónico: estamos viendo la transparencia de una ley de transparencia con prácticas de opacidad”.

León Fontes añadió que la publicación tardía del documento limita la participación ciudadana y reduce la posibilidad de analizar a fondo sus alcances antes de su eventual aprobación.

Ante este escenario, la organización inició ya la revisión del contenido de la iniciativa para identificar posibles riesgos o retrocesos en el derecho de acceso a la información.

“Primero tenemos que poner lupa para advertir qué puede vulnerar este derecho. Si detectamos retrocesos, vamos a considerar amparos, como ya ocurrió a nivel nacional con la ley general”, advirtió.

 

CPC señala riesgo a la transparencia

 

En un posicionamiento firmado por todos sus integrantes, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) advirtió que la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa presenta riesgos estructurales, principalmente por la falta de autonomía del órgano garante que sustituiría a la CEAIP. Señalan que la propuesta plantea crear Transparencia Sinaloa como un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Transparencia, lo que -a su juicio- compromete su independencia operativa.

También alertaron sobre la exclusión de la sociedad civil en el diseño de la nueva ley. El CPC subraya que no se contemplan mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones ni en la vigilancia del acceso a la información, lo que debilita uno de los principios del sistema anticorrupción y reduce los contrapesos institucionales.

Además, señalaron posibles limitaciones en la capacidad de respuesta de los Órganos Internos de Control, especialmente a nivel municipal, para atender solicitudes de información y recursos de revisión. Ante esto, hicieron un llamado al Congreso a revisar la iniciativa, incorporar participación ciudadana y no avanzar sin antes realizar un parlamento abierto.

¿Qué pasó?

 

El pasado 21 de marzo el Congreso del Estado desechó de manera definitiva la iniciativa de Ley de Transparencia presentada por ciudadanas y ciudadanos sinaloenses, al considerarla incompatible con la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2025. En paralelo, dio trámite a la propuesta enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya, con la que se busca expedir una nueva legislación en la materia.

Aunque la iniciativa del Ejecutivo fue recibida el 16 de abril, el documento no fue publicado de forma inmediata en la plataforma oficial del Congreso. Fue hasta el 21 de abril, tras ser turnada en comisión y recibir primera lectura en el Pleno, cuando se hizo público su contenido.

Este proceso se dio sin que se concretaran los ejercicios de parlamento abierto solicitados desde febrero por integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y organizaciones civiles, quienes habían pedido conocer la propuesta con anticipación y participar en su construcción.

Además, la iniciativa del Ejecutivo plantea un cambio en el modelo de transparencia en Sinaloa, al trasladar funciones de un órgano autónomo a instancias internas de control. Mientras avanza su proceso legislativo, organizaciones civiles insisten en que la discusión no solo debe centrarse en el contenido de la ley, sino en las condiciones en las que se está aprobando.

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