M.C. María del Refugio Manjarrez Montero

Vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.

La realidad del mercado laboral mexicano, observado a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de marzo de 2026, revela una narrativa que, más allá de la estabilidad aparente en los indicadores tradicionales, expone tensiones estructurales que cuestionan la calidad y sostenibilidad del empleo en el país. Si bien la población económicamente activa alcanzó 61 millones 600 mil personas, con un incremento anual de 558 mil, este crecimiento ocurre en un contexto de retroceso en la tasa de participación económica, que descendió a 58.6 %, por debajo del 59.3 % registrado en marzo de 2025. Este comportamiento no solo refleja una desaceleración en la incorporación relativa al mercado laboral, sino que también sugiere posibles fenómenos de desaliento entre la población en edad de trabajar.

En términos de ocupación, el dato de 60 millones 200 mil personas ocupadas podría interpretarse como una señal positiva; sin embargo, su lectura aislada resulta insuficiente. El incremento anual de 422 mil empleos se acompaña de un deterioro en otros indicadores importantes. La tasa de desocupación aumentó a 2.4 %, frente al 2.2 % del año previo, lo que implica un crecimiento en la población sin empleo, que ascendió a Un millón 500 mil personas. Este aumento, aunque marginal en términos porcentuales, evidencia que la generación de empleo no ha sido suficiente para absorber plenamente la oferta laboral, particularmente en segmentos vulnerables como las mujeres.

Pero más allá de eso, el principal problema no radica únicamente en la disponibilidad de empleo, sino en su calidad. La tasa de condiciones críticas de ocupación se elevó a 39.6 %, lo que indica que casi cuatro de cada diez trabajadores enfrentan situaciones laborales inadecuadas en términos de ingresos o jornadas laborales. Este dato es particularmente revelador, ya que desmonta la narrativa de éxito basada en niveles bajos de desempleo, evidenciando que una parte sustancial del empleo generado no garantiza condiciones mínimas de bienestar.

A este escenario se suma la persistente y elevada informalidad laboral, que alcanzó 54.8 % de la población ocupada, equivalente a 33 millones de personas. Lejos de mostrar una reducción significativa, la informalidad se mantiene como el rasgo dominante del mercado laboral mexicano, consolidando un esquema productivo donde la precariedad, la ausencia de seguridad social y la inestabilidad contractual son la norma. Ante estos factos, no solo limita la protección social de los trabajadores, sino que también restringe la capacidad recaudatoria y el crecimiento económico de largo plazo.

Esta realidad se vuelve todavía más clara cuando observamos en qué aérea está trabajando la gente; con base en la publicación del ENOE, se observa que la concentración del empleo en actividades de servicios (44.9 %) y comercio (19.9 %), junto con el crecimiento en sectores como la agricultura, contrasta con la caída en la industria manufacturera. Esta recomposición sugiere un desplazamiento hacia actividades de menor productividad, lo que compromete la posibilidad de generar empleos de mayor calidad y mejores ingresos.

Como es de esperar esto se refleja directamente en los bolsillos: casi la mitad de los trabajadores (46.6%) percibe apenas un salario mínimo, lo que evidencia una alta concentración en niveles de ingreso bajos; lo que ocasiona es un patrón que limita el poder adquisitivo y refuerza las condiciones de vulnerabilidad económica.