México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará una investigación para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, la institución revisará la documentación enviada por el gobierno estadounidense para evaluar si existen pruebas suficientes que permitan proceder legalmente en México. Sin embargo, desde un inicio, la FGR advirtió que las solicitudes de detención con fines de extradición no incluyen evidencias contundentes que respalden los señalamientos.
El vocero de la dependencia, Ulises Lara, subrayó que cualquier acción -incluida una posible extradición- dependerá estrictamente de que las pruebas cumplan con los estándares legales mexicanos.
“Solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes”, indicó.
Además de cuestionar la falta de pruebas, la FGR también criticó la forma en que se hizo pública la acusación. La institución señaló que la difusión de los nombres de los implicados podría constituir una violación al principio de confidencialidad que rige los procesos penales internacionales y los acuerdos de cooperación entre ambos países.
Incluso, advirtió que hacer pública esta información podría afectar el propio proceso judicial, incluyendo una eventual extradición, al contravenir normas procesales.
La FGR confirmó que abrirá una investigación propia para verificar si existen indicios de delito en territorio nacional. Esto ocurre luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) turnara formalmente las solicitudes de Estados Unidos a la Fiscalía, como lo establece el procedimiento legal.
El organismo enfatizó que cualquier determinación se tomará con apego al Estado de derecho, la soberanía nacional y las garantías individuales de los señalados.
Las declaraciones de la FGR se dan tras la acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes señalan a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas y protección institucional.
Según el gobierno estadounidense, los funcionarios habrían facilitado actividades criminales a cambio de beneficios políticos y económicos, acusaciones que todos los implicados han rechazado públicamente.
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