La Oficina del Fiscal de Nueva York hizo públicas acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes señala de presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Tras la difusión de estas imputaciones, integrantes del gabinete estatal, legisladores y funcionarios afines a Morena han guardado silencio.
ESPEJO intentó contactar a Teresa Guerra Ochoa, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, por vía telefónica y mensaje de texto, sin que hubiera respuesta. También se buscó un posicionamiento del ente por medio de su comunicación social, sin exito.
También se buscó a Yeraldine Bonilla, actual secretaria de gobierno en el poder ejecutivo, dentro del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la Constitución Política de Sinaloa, sería Bonilla quien tendría que asumir el cargo durante máximo 30 días en caso de que el mandatario tuviera que abandonar sus funciones. La funcionaria no respondió ni por vía telefónica ni mensaje de texto.
A su vez, se solicitó postura del dirigente estatal del partido de Morena, Edgar Barraza Castillo. Sin embargo, aunque el área de prensa informó que se estaba procesando la solicitud, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
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