Con la atención y la conversación centradas en la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza contra Rubén Rocha Moya y nueve personas más, y la licencia para retirarse temporalmente del cargo a la que acudieron el gobernador y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ha pasado a último término la pregunta de cómo está Sinaloa en medio de las crisis de la seguridad pública y la política.

Los sinaloenses ya sabemos que la violencia que impone el crimen organizado avanza por encima de las instituciones responsables de protegernos, pero no tenemos la experiencia de gobiernos que luego de ser instalados por la vía democrática reciben el golpe que las anula en la función de dirigir la estrategia gubernativa dentro de la ley, la paz y la confianza, como cimientos de las actividades lícitas para la estabilidad y el desarrollo.

Se necesita limpiar la comentocracia de factores injerencistas que buscan jalar agua a sus molinos políticos y esconder viejas colas largas que hoy se plantean como perfiles impolutos, condiciones indispensables para situar como eje de la intervención ciudadana la pregunta de cómo está hoy Sinaloa y desde allí ocuparnos en poner a salvo lo fundamental, paralelamente de la labor que realiza la justicia en la determinación de responsabilidades de los presuntos implicados en narcopolítica.

Sinaloa enfrenta tantas complicaciones al mismo tiempo que será difícil hallar resoluciones positivas en todas. Las crisis de la seguridad pública incapaz de contener la marcoguerra, de la gobernabilidad en proceso de restructuración, de las actividades productivas que son el pilar de la economía, de la confianza en las instituciones y en quienes las presiden, y de las siglas partidistas que lucran con todas estas dificultades.

Como sociedad debemos permitir que las fiscalías y juzgados efectúen la tarea de delimitación de conductas ilícitas y la determinación de sanciones, sin caer en la tentación de suplantar los ciudadanos al Estado de derecho. Los juicios sumarios, los apetitos de poder y las posturas incendiarias no aportan al predominio en Sinaloa de la máxima jurídica “dura lex, sed lex” sino al contrario, coadyuvan a crear escenarios confusos donde la impunidad es lo único que resulta.