Culiacán, Sin.- La muerte de una joven trabajadora del Casino Tropicana, inmueble que fue atacado con un artefacto explosivo la tarde del lunes en el desarrollo urbano Tres Ríos, fue calificada por el Grupo Parlamentario del PRI como un acto “terrorista” que refleja la incapacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.

La diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno federal, al señalar que, en su percepción, la presencia de fuerzas federales en el estado no está enfocada en la población, sino en la protección de funcionarios y exfuncionarios.

“Ayer tuvimos la visita del Gobierno federal, que viene a decir que seguirá protegiendo Sinaloa; sin embargo, lo que realmente vemos es que se protege a funcionarios, no a la ciudadanía. Se anuncia que el gobernador con licencia cuenta con protección, pero ¿quién nos cuida a nosotros como ciudadanos y ciudadanas? Se viene a cuidar a funcionarios o exfuncionarios, no a la población”, denunció.

Por su parte, Paola Iveth Gárate Valenzuela subrayó que el despliegue de fuerzas de seguridad en los últimos días, relacionado -dijo- con las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, no ha dado resultados.

“Vienen y se encierran nomás en la Novena Zona. Dicen que todo está bien, pero vienen a hablar de datos muy cómodamente y son engañosos… las cifras no hablan de control o recuperación, hablan de cómo la crisis sigue viva”, señaló.

Agregó que las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son engañosas, ya que toman el mes con mayor incidencia delictiva y lo comparan con otros periodos, lo que distorsiona la realidad.

“Un solo asesinato debería ser motivo de preocupación y de reforzar los esfuerzos”, afirmó.

Las legisladoras señalaron que la crisis se refleja también en los datos: más de 2 mil 600 homicidios, más de 3 mil 600 personas desaparecidas, además de casos de niñas, niños y adolescentes asesinados o desaparecidos, así como desplazamiento de familias y pérdida de empleos.

“No son cifras, son vidas, y ahí van también niños y niñas. El Gobierno federal no ha podido recuperar el control del territorio y la presencia de las fuerzas federales no ha hecho la diferencia”, sentenció.

Para el grupo parlamentario, el problema de fondo es que la estrategia de seguridad no está dando resultados, por lo que exigieron un cambio que parta del reconocimiento de esta situación y se traduzca en acciones concretas.

 

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