Culiacán, Sinaloa.- La posible relación entre el poder político y el crimen organizado en Sinaloa no debe investigarse solo en el presente. Luego de que el exgobernador Francisco Labastida Ochoa planteara que se trata de un fenómeno acumulado durante décadas, desde el PRI en el Congreso local se respaldó la exigencia de ampliar las indagatorias no solo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino también a administraciones anteriores.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, se sumó a esta postura y sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los responsables, sin distinción.
Al ser cuestionada sobre estos dichos del también excandidato presidencial del PRI en 2000, señaló que el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo debe actuar contra los 10 implicados señalados, pero también ir más allá y proceder contra cualquier persona vinculada.
En este sentido, ESPEJO planteó si esta exigencia también incluiría al exmandatario priista Quirino Ordaz Coppel y su respuesta fue contundente: para el partido tricolor, el mazatleco es morenista y va en el mismo paquete.
“Primero aclarar que no es priista, está en el gobierno de Morena, es embajador de España, entonces priista no es… Qué se investigue a quien se tenga que investigar, que se castigue a quien se tenga que castigar y que caiga quien tenga que caer, la ley debe ser pareja para todos, pero que se aplique y no sea con unos sí y con otros no”, reviró la legisladora.
Por su parte, la diputada local Paola Iveth Gárate Valenzuela dijo que las elecciones de 2021, calificadas por el bloque oficialista como unas de las más violentas del país, se desarrollaron mientras Ordaz Coppel era gobernador y ahora es embajador pese a los delitos que se cometieron durante su sexenio, sin omitir lo sucedido durante el marco de la contienda electoral.
“La narcoelección de 2021 ocurrió cuando era gobernador Quirino Ordaz, que ahorita lo tienen como rey viviendo en España y en se momento era presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí, que se investigue a los dos y a todos los que queden vivos de antes, a todos y a todas”, sentenció Gárate Valenzuela.
Además, Gárate Valenzuela señaló que hay una urgencia de que esas 10 personas señaladas por sostener presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez; así como altos mandos de seguridad y funcionarios, sean los primeros en ser investigados y castigados.
“Pero ahorita hay una orden de detención provisional con fines de extradición de 10 personas. Exigimos que a esas 10 personas el Estado mexicano, el gobierno de Sinaloa, los detenga y los extradite y cumpla con lo pactado por el Estado mexicano con el gobierno de los Estados Unidos”, concluyó.
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