Culiacán, Sin.- La asociación civil Defensorxs presentó el 7 de mayo una querella ante la Fiscalía General de la República contra 55 políticos de Sinaloa, a quienes señala por presuntamente haberse beneficiado de la intervención del Cártel de Sinaloa en el proceso electoral de 2021, incluyendo a funcionarios de distintos niveles.

Miguel Alfonso Meza, integrante de Defensorxs, informó a ESPEJO que los hechos señalados podrían constituir delitos contra la salud, electorales, lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con la organización, la presunta intervención del grupo criminal en los comicios no solo habría favorecido la elección a la gubernatura, sino también a candidaturas municipales y legislativas. En ese proceso electoral, Morena obtuvo la mayoría de los cargos en disputa, incluyendo 17 de 18 alcaldías, diputaciones federales y locales.

“Denunciamos a 55 narcopolíticos que se beneficiaron de la elección de 2021 en Sinaloa. Porque la intervención de la chapiza en esa elección no solo fue a favor de Rubén Rocha Moya, fue a favor de los candidatos de Morena en general”, afirmó.

La denuncia incluye a 55 actores políticos, entre ellos el exgobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, a quien la organización señala como posible beneficiario indirecto, al haber estado en funciones durante el desarrollo del proceso electoral en el que, aseguran, ocurrieron hechos como privaciones ilegales de la libertad de operadores políticos.

También figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como a los otros nueve funcionarios que han sido señalados previamente por autoridades de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Los cuales son Enrique Inzuza Cázares, senador y exsecretario general de gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General en Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.

Asimismo, se incluye a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía, a quien Defensorxs vincula con investigaciones propias relacionadas con desapariciones y presuntas actividades ilícitas en establecimientos de su propiedad.

“Hemos dado cuenta de que los negocios de Pity Velarde, donde han desaparecido varios jóvenes como el bar Cotorritos, y en otro bar de su propiedad, son lugares de venta de drogas, almacenamiento de armas…Entonces, él es otro de los funcionarios que, a pesar de no estar siendo acusado todavía por Estados Unidos, también estuvo coludido con la Chapiza”, afirmó.

En caso de los exalcaldes figuran Gerardo Vargas Landeros, de Ahome; Miguel Ángel Angulo Acosta, de Angostura; Raúl Díaz Bernal, de Concordia; Amalia Gastélum Barraza, de Choix; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán; Blanca Estela García Sánchez, de Escuinapa; Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán; Martín de Jesús Ahumada Quintero, de Guasave; María Elizalde Ruelas, de Mocorito; Margoth Urrea Pérez, de Navolato y Armando Camacho Aguilar, de Salvador Alvarado.

Así como los alcaldes reelectos José Paz López Elenes, de Badiraguato; Carla Úrsula Corrales Corrales, de Cosalá; Gilbardo Leyva Ortega, de El Fuerte y Claudia Liliana Valdez Aguilar, de Rosario.

Meza explicó que, aunque los niveles de participación pueden variar entre los señalados, todos habrían resultado beneficiados de la presunta intervención del grupo criminal en el proceso electoral.

La querella incorporó también a ex diputados locales de mayoría relativa: Feliciano Castro Meléndez, Martín Vega Álvarez, Juana Minerva Vázquez González, César Ismael Guerrero Alarcón, Cecilia Covarrubias González, Graciela Rosmery Sánchez Sánchez, Ambrocio Chávez Chávez, Luz Verónica Avilés Rochín, Marco César Almaral Rodríguez, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, Rubén Miranda López, María Victoria Sánchez Peña, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Serapio Vargas Ramírez, Alma Rosa Garzón Aguilar, Rita Fierro Reyes, Juan Carlos Patrón Rosales y Rosario Guadalupe Sarabia Soto.

Por la vía de representación proporcional, también se acusó a José Manuel Luque Rojas, María Aurelia Leal López, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Daniel Antonio Cisneros Castro y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta.

Además, se incluyó en la denuncia a las diputadas federales Ana Elizabeth Ayala Leyva; Olegaria Carrazco Macías; Nancy Yadira Santiago Marcos; Merary Villegas Sánchez y Casimiro Zamora Valdés.

Según Meza, el alcance de la operación del Cártel de Sinaloa en los comicios de 2021 excedió la carrera por la Gubernatura.

“Evidentemente habrá diferentes grados de participación de estos alcaldes electos; no necesariamente se sentaron directamente con la chapiza, pero sí se beneficiaron de esta intervención del cartel en todo el estado. También están siendo denunciados quienes fueron electos como diputados locales y federales. Básicamente, esos son los 55 que estamos denunciando”.

El integrante de Defensorxs indicó que la denuncia también contempla a funcionarios investigados por autoridades de Estados Unidos, por lo que solicitaron a la Fiscalía mexicana colaborar con dichas instancias.

Asimismo, subrayó que el hecho de que algunos señalados ya no ocupen cargos públicos no impide su investigación.

“Los delitos los cometen las personas, no el cargo como tal”, afirmó.

Como parte del proceso, la organización buscará ser reconocida como víctima dentro de la carpeta de investigación con la finalidad de poder tener acceso al avance de la denuncia y poder impugnar -de ser necesario- las omisiones o malos procesos que puedan surgir.

Además, solicitaron que todas las denuncias relacionadas con la elección de 2021 en Sinaloa sean acumuladas en un solo expediente para evitar la fragmentación de las investigaciones.

Defensorxs informó que dará seguimiento al caso y a la actuación de la Fiscalía, mientras impulsa mecanismos legales para participar en la investigación y evitar que el expediente sea cerrado sin resolución.

Denuncia que marca precedentes

 

Miguel Alfonso Meza señaló que la posibilidad de que el Gobierno federal avance en las investigaciones dependerá, en gran medida, de la presión pública y del costo político que implique no actuar. Indicó que, hasta ahora, los señalamientos y las investigaciones internacionales no han sido suficientes para modificar el comportamiento de los partidos ni para detonar acciones contundentes en el país.

Explicó que, aunque existen indicios y casos documentados sobre presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, estos no han derivado necesariamente en procesos judiciales en México. En ese sentido, advirtió que el avance de las investigaciones dependerá de que se mantenga la exigencia social.

“Creo que todo depende de qué tanto le subimos el costo a la clase política de seguir protegiendo a estos narcopolíticos”.

Meza también advirtió que el tema no debe reducirse a una disputa partidista ni utilizarse como herramienta electoral ya que- desde su perspectiva- los vínculos entre política y crimen organizado han sido señalados en distintos partidos y niveles de gobierno, por lo que insistió en que el fenómeno debe entenderse como un problema estructural del Estado mexicano.

En ese sentido, planteó que más allá de los señalamientos actuales, el objetivo debería ser sentar un precedente que permita romper con esquemas de impunidad. Para ello, dijo, es necesario que exista una respuesta institucional que trascienda coyunturas políticas y contribuya a modificar prácticas que han sido recurrentes en distintos procesos electorales.

 

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