En un pliego petitorio, sellado de recibido en la oficina de la gobernadora el 8 de mayo, 49 asociaciones de la iniciativa privada y civil piden a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde que tome “acciones contundentes y constantes” contra el deterioro económico al que se enfrenta Sinaloa, evidenciado por la desaparición de empresas y empleo formal.
El pliego propone acciones orientadas a brindar alivio y seguridad a la actividad comercial y productiva. Esto, tras 20 meses desde el inicio de la crisis de violencia en la entidad, producto del estallido de la guerra interna del cártel de Sinaloa en septiembre de 2024.
A esto se le suma la crisis política en la que se sumió el estado finalizando el mes de abril, cuando las autoridades estadounidenses hicieron públicas acusaciones de presunta colaboración con el crimen organizado a diez funcionarios y exfuncionarios públicos sinaloenses, entre los que se encuentran el gobernador, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya y el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendivil.
Posterior al anuncio, la calificadora de crédito Standards and Poors Ratings colocó a Sinaloa en revisión especial negativa, lo que podría restringir la capacidad de los empresarios y gobierno del estado para acceder a financiamientos en el futuro.
El pliego pide acciones en torno a 7 ejes:
El blindaje de las zonas económicas claves del estado, con patrullaje en perímetros definidos, carreteras y sistemas de transporte para garantizar la movilidad de personas y mercancías.
El alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la desaceleración económica, otorgando prorrogas, condonaciones o descuentos sobre impuestos.
Crear un fondo emergente para empresas para apoyar a negocios que redujeron su operación por motivo de la desaceleración económica. Se enfoncaría en el capital de trabajo, conservación de empleos y acceso a créditos con tasa preferente.
Profesionalizar las fuerzas de seguridad, poniendo al frente de las corporaciones locales a personas con trayectorias verificables y ajenas a intereses partidistas
Fortalecer las dependencias garantes de la impartición de justicia en Sinaloa: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Poder Judicial local y la Fiscalía General del Estado. Piden darles recursos, personal e infraestructura adecuada.
Establecer consejos ciudadanos de seguridad autónomos y fortalecer la autonomía de los existentes.
Crear mesas de diálogo mensuales integradas por a menos 15 organismos empresariales, civiles y la iglesia para construir una agenda de “reactivación del estado y recuperación del tejido social”.
Las asociaciones firmantes son las pertenecientes al Consejo Intercamaral de Culiacán, a las que se le suman organizaciones gremiales de Mazatlán, Guasave y Los Mochis, pertenecientes a diferentes sectores económicos.
Entre ellos, se encuentran del sector turismo, como la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, o Tres Islas, de Mazatlán. También las cámaras de la industria de la transformación (Canacintra) de cada municipio, las cámaras de restauranteros (Canirac), las cámaras de comercio (Canaco), excepto la de Culiacán, entre otras.
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