Culiacán, Sin.- Tras días de críticas y presión de familias, docentes y organizaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás al recorte del calendario escolar y confirmó que el ciclo 2025-2026 concluirá el 15 de julio, como estaba previsto originalmente.
La decisión implica mantener los 185 días efectivos de clase y dejar sin efecto la propuesta que buscaba adelantar el inicio del periodo vacacional, planteada inicialmente ante posibles afectaciones por una onda de calor y el arranque del Mundial de Futbol.
El ajuste había generado inconformidad entre madres, padres, maestras y organizaciones civiles y gremiales, quienes advirtieron sobre el impacto de reducir el tiempo de aprendizaje, lo que abrió un debate sobre sus efectos en la formación de niñas, niños y adolescentes.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes 11 de mayo que el tema debía revisarse nuevamente, lo que derivó en la convocatoria a una reunión urgente con titulares de educación de todo el país.
Tras ese encuentro, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025.
No obstante, se dejó abierta la posibilidad de que cada entidad federativa realice ajustes ante condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o necesidades logísticas derivadas del Mundial.
En un comunicado, la SEP señaló que la medida busca garantizar el derecho a una educación integral, así como brindar certidumbre a las familias cuya organización cotidiana depende del calendario escolar.
La carga recae en docentes: Mexicanos Primero
La organización civil Mexicanos Primero emitió un posicionamiento donde señala que en cualquier decisión educativa debe prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Esto surge tras la determinación de autoridades educativas de mantener el calendario escolar sin cambios. La organización insiste en que las políticas públicas deben garantizar el derecho a aprender y considerar la voz de docentes y familias, quienes viven directamente la realidad en las escuelas.
También plantea que, aunque los estados tienen facultades para tomar decisiones educativas por la descentralización, estas deben responder a las necesidades locales sin afectar el aprendizaje. Subraya que el calendario escolar no solo organiza clases, sino que permite evaluar conocimientos y medir avances. Por ello, respetar los tiempos establecidos es clave para asegurar procesos de enseñanza efectivos y evitar periodos sin actividad académica significativa.
Finalmente, advierte que la autoridad educativa, como la Secretaría de Educación Pública, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del ciclo escolar y evitar rezagos. La organización reconoce el papel de docentes, familias y sociedad civil en la defensa del derecho a la educación, pero señala que muchas decisiones se toman desde el escritorio sin considerar las condiciones reales en las escuelas, lo que termina trasladando la carga de implementación a maestras y maestros.
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